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EDITORIAL

4.500 chantajistas que Feijóo debería expulsar

El presidente gallego no sólo ha traicionado la confianza de sus votantes incumpliendo vergonzosamente su "contrato electoral", sino que ha sido incapaz de tomar medidas disciplinarias contra un cuerpo fanatizado de profesores que recurre al chantaje.

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Es ciertamente sorprendente que en un país occidental todavía se vulneren derechos básicos de los ciudadanos con total impunidad, pero eso es exactamente lo que viene ocurriendo en algunos territorios de nuestro país desde hace décadas en lo que respecta al uso de la lengua común. Ni siquiera cabe achacar a la hegemonía de las formaciones separatistas la existencia de esta violación flagrante de derechos civiles porque, lamentablemente, éste es un desafuero que se produce también en autonomías en las que los partidos nacionalistas son una fuerza política entre minoritaria y marginal. Ahí están Baleares, Valencia y Galicia para demostrarlo.

El episodio de rebeldía protagonizado por los profesores gallegos firmantes de un documento chantajista para imponer el gallego a los escolares es sólo un jalón más en la penosa trayectoria de concesiones al nacionalismo de que el Partido Popular ha hecho gala desde hace ya demasiado tiempo; algo de lo que no parecen avergonzarse sus responsables directos como es el caso Núñez Feijóo.

El presidente gallego no sólo ha traicionado la confianza de sus votantes incumpliendo vergonzosamente su "contrato electoral" en el que aseguró que obedecería la voluntad paterna en la elección de la lengua vehicular, sino que ha sido incapaz de tomar las medidas disciplinarias contra un cuerpo fanatizado de profesores que se atreve a insultar y a amenazar a los ciudadanos que pagan sus sueldos.

Porque, por si los dictadorzuelos nacionalistas del aula lo desconocen, ellos están al servicio de sus empleadores, que no son los responsables políticos de la Xunta presidida por un petimetre acomplejado, sino todos los ciudadanos gallegos, que con sus impuestos mantienen el sistema público de enseñanza que estos chantajistas utilizan como su pazo particular.

En un país serio, cualquier empleado público que manifiesta abiertamente su voluntad de incumplir las leyes y vulnera los derechos constitucionales de los administrados es puesto inmediatamente en la calle, que es exactamente lo que Núñez Feijóo debería haber hecho con los firmantes de ese vergonzoso documento en caso de no deponer su actitud. En Galicia hay titulados suficientes como para cubrir de inmediato todas las plazas vacantes (y eso por no hablar del resto de España, donde las comunidades autónomas ni siquiera van a convocar oposiciones este año por la penuria de sus arcas públicas).

Mientras los políticos sigan controlando la enseñanza, lo mínimo a lo que pueden dedicarse es a hacer cumplir los preceptos constitucionales, protegiendo el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, con atención especial a la lengua en que quieren que sean educados. Y si no lo hacen y prefieren someterse al chantaje de una minoría radical, serán cómplices de un delito. Del veredicto de los tribunales quizás puedan zafarse. Del de las urnas, tenga Núñez Feijóo por seguro que no.


 

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