Pocas sentencias acumularán tantas irregularidades como la que ha dictado el Tribunal de Cuentas acerca de una venta de 18 promociones de viviendas cuando el Ayuntamiento de Madrid estaba comandado por Ana Botella.
En primer lugar, resulta inaudito que haya sido redactada por una persona con estrechos lazos personales y profesionales con la actual alcaldesa, Manuela Carmena, con quien comparte militancia ultraizquierdista. Pero es que además la controvertida María Antonia Lozano debería haberse abstenido de participar en este procedimiento por sus vinculaciones con la primera lugarteniente de Carmena, Marta Higueras, que trabajó en su secretaría en el Tribunal de Cuentas. Ambas circunstancias tendrían que haber supuesto la inhabilitación inmediata de Lozano, pero se rechazó por estupefacientes motivos técnicos.
A tan clamorosa falta de imparcialidad en origen hay que añadir que la condena contra Botella y su equipo ha sido irregular, por decirlo suave. A las partes acusadas hay que darles siempre ocasión para defenderse; pues bien, este derecho elemental les ha sido denegado a los acusados en este caso, en los antípodas ideológicos de la colega de Carmena e Higueras, que ya es casualidad. Los condenadores de Botella y compañía tendrían de hecho que haberse esmerado especialmente, dado que la Fiscalía había desestimado la demanda al no apreciar responsabilidad contable alguna.
Por si quedara alguna duda lo que subyace en este caso escandaloso, resulta que la sentencia hurta interesadamente el hecho de que la venta no fue fruto de un capricho delictuoso de Ana Botella, sino de un acuerdo colegiado de la Empresa Municipal de Vivienda del que tomaron parte los representantes de PSOE e IU, los cuales salen indemnes, cuando se trató de una decisión que, en última instancia, la entonces alcaldesa se limitó a confirmar.
El resultado de este disparate jurídico es que a la comisaria Carmena se le ha brindado una sentencia a medida de la extrema izquierda capitalina, que hizo de este asunto uno de sus infames casus belli demagógicos contra el PP de Ana Botella. La realidad es que esa operación de venta no fue cosa de Botella sino de la Empresa Municipal de la Vivienda, y que se produjo en un contexto de tremenda crisis económica, con las cuentas del Ayuntamiento en un estado calamitoso. De todo esto se hace abstracción en una sentencia infame que dinamita el prestigio del órgano que la ha perpetrado y que exige una investigación exhaustiva que depure responsabilidades, caiga quien caiga, aunque se el peor y más sectario alcalde que ha tenido la capital desde la instauración de la democracia.