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EDITORIAL

A despejar la Z de la colaboración con ETA

La publicación de las actas de las reuniones entre el Gobierno y ETA sólo nos recuerdan que durante la "paz sucia" pudieron perpetrarse por orden del gobierno un número mucho mayor de delitos que los que se cometieron en el Bar Faisán

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 "A despejar la X del chivatazo a ETA" fue el título del editorial con el que comentábamos no hace mucho la decisión del juez Ruz de impulsar la investigación del "caso Faisán" bajo la fundada sospecha de que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no sólo era responsable político sino también penal de tan infame soplo policial.

Ahora, al hacerse públicas las actas de las reuniones entre el Gobierno y ETA, que nos recuerdan que durante la "paz sucia" pudieron perpetrarse por orden del gobierno un número mucho mayor de delitos, debemos, sin embargo, volver a ampliar nuestro enjuiciamiento periodístico contra todo el mal llamado "proceso de paz" -en realidad, un inmenso proceso de colaboración con una banda terrorista-, del que tampoco puede quedar al margen el presidente del Gobierno.

La multitud de delitos que el Gobierno de Zapatero presuntamente cometió en su abyecta –y contraproducente- forma de apaciguar a los terroristas con el objetivo de anestesiar con los ropajes de la paz a los electores ante sus públicas alianzas con formaciones separatistas, van desde la omisión del deber de impedir delitos y perseguir delincuentes, pasando por el de encubrimiento, financiación ilegal, revelación de secretos o el ya citado, y que engloba a todos, delito de colaboración con banda armada.

Que el Gobierno, por obtener y mantener la tregua de los terroristas, se había comprometido con ETA a tratar de derogar la doctrina Parot como vía, ciertamente eficaz, de cumplir ese genérico pero público compromiso de Zapatero de "dar una salida a los presos", no lo demuestran sólo las actas, sino el hecho, y ahí están las hemerotecas, de que la Fiscalía, con el beneplácito del gobierno, se alineó efectivamente con los abogados defensores de Parot y de otros presos de ETA en su pública pretensión de derogar esa doctrina. Lo que es un hecho es que cuando el Tribunal Supremo se negó a ello, su entonces presidente fue denigrado por el Gobierno y sus aliados nacionalistas, y hasta fue exigida su comparecencia en el Congreso para que diese explicaciones.

Por las actas también sabemos que el representante del gobierno ofreció a los etarras hacerles llegar dinero "por medio de una organización internacional". Pero lo que ya sabíamos desde mucho antes es que el gobierno ocultaba la existencia de las cartas de extorsión que, pese a la tregua, ETA seguía enviando a empresarios vascos y navarros. Y lo sabíamos porque así se lo oímos decir a Rubalcaba, con esas mismas palabras, que "al gobierno no le consta la existencia de estas cartas", aun cuando los destinatarios de las mismas y los sindicatos policiales ya habían denunciado su existencia y hasta la propia ETA la habia justificado públicamente en Gara por razones de financiación.

Por otra parte, y muy relacionado con la financiación de ETA, está la forma con la que el Gobierno de Zapatero propuso durante la tregua a la organización terrorista colarse en las instituciones, gracias a la cual seguiría –como por cierto, sigue teniendo- acceso al dinero público. Había que suprimir la palabra Batasuna de la nueva marca electoral de ETA. La Fiscalía instó la ilegalización del señuelo que constituía Abertzale Sozialisten Batasuna para colar, para desesperación del Supremo, la mas disimulada marca proetarra de ANV.

Por las actas sabemos las palabras con las que los representantes del Gobierno reafirmaban su compromiso de no detener a los etarras, pero la existencia de ese compromiso era evidente desde que se constató estadísticamente el escalofriante descenso de las detenciones durante el tiempo en que duró aquella tregua; Eso, por no hablar de los conocidos y no desmentidos mensajes que el presidente del Gobierno le hacia llegar a través de Eguiguren al más célebre de los terroristas prófugos de ETA como es Josu Ternera. Con esa comunicación, que hacía caso omiso a la vigente orden de detención y captura dictada por el Tribunal Supremo, el presidente del Gobierno, como máxima autoridad del Estado, fue el primero en incurrir, ¿presuntamente?, en el delito de omisión del deber de detener a los delincuentes tipificado como tal en nuestro ¿vigente? Código Penal.


 

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