Con estas medidas Aguirre apunta en la buena dirección para salir de la crisis, que no es otra que la de reducir los impuestos, introducir austeridad en la Administraciones Públicas y emprender reformas estructurales.
A pesar del escaso margen del que dispone en política fiscal, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado una serie de reducciones impositivas dentro de un próximo paquete de 49 "medidas anticrisis", entre las que destaca la eliminación del recargo autonómico del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), la reducción en un 20% del impuesto de matriculación, así como una rebaja de 1 punto del IRPF a todos aquellos compradores de vivienda nueva, que sea su primera casa.
Para que nos hagamos una idea del beneficio que para los bolsillos de los madrileños supondrá la eliminación del recargo autonómico del IAE debemos tener en cuenta que los ingresos previstos por este concepto para las arcas de la Comunidad de Madrid en el presupuesto de 2009 ascendían a más de 30 millones de euros. Al margen de su cuantía, se trata de una forma directa y eficiente de inyectar liquidez en las empresas sin necesidad de acudir a intermediarios financieros o al ciego gasto público.
Asimismo, la reducción fiscal para la compra de primera vivienda nueva es especialmente oportuna para minorar el stock de inmuebles que no encuentran comprador y que servirá para acortar de forma sana la purga a la que está abocado el deprimido sector de la construcción.
Otro tanto se podría decir del estimulo que va a recibir el sector del automóvil con la ayuda económica, equivalente al 20% del impuesto de matriculación, que van a recibir los compradores de un coche nuevo en la Comunidad de Madrid. Es cierto que, en lugar de dar al comprador "una cantidad equivalente", Aguirre podría haber reducido directamente la cuantía del impuesto, si bien esta forma restaría visibilidad al desahogo que supone la reducción fiscal.
No menos destacable es el hecho de que esta apreciable reducción de impuestos va acompañada de un compromiso de reducción de gasto, como el que permitirá la supresión de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, cuyas funciones serán asumidas por la Vicepresidencia y la Consejería de Economía.
Aunque se puedan plantear objeciones a la escasa cuantía o a la naturaleza sectorial de estas reducciones fiscales, lo que nos parece incuestionable, al margen de recordar las limitadas competencias autonómicas en este campo, es que con estas medidas Aguirre apunta en la buena dirección para salir de la crisis, que no es otra que la de reducir los impuestos, introducir austeridad en la Administraciones Públicas y emprender reformas estructurales, como la que requiere nuestro rígido mercado laboral.
Se trata de una dirección opuesta a la que está protagonizando Zapatero, absolutamente renuente a que sea el Estado el que se apriete el cinturón en desahogo del contribuyente. La política de Zapatero no es otra que la del inmovilismo, la del irresponsable endeudamiento o la de hacer proclamas tan vacías de contenido como esa de que va a "plantar batalla al desempleo" o de que se va a "dejar la piel" por un "orden económico más justo". Si tenemos en cuenta que con este Gobierno no hacemos otra cosa que aproximarnos a marchas forzadas a los cinco millones de parados, ya nos podemos hacer una idea de lo que entiende Zapatero por un orden social justo o por plantar batalla al desempleo.
