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EDITORIAL

Aguirre planta cara a los caraduras

Que existan tres veces más liberados que los que marca una legislación ya de por si laxa no sólo es una rémora para la creación de puestos de trabajo productivos y para el desarrollo económico del país, sino que constituye una auténtica injusticia social.

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Esperanza Aguirre no se ha dejado amedrentar por los improperios que le han dirigido los sindicatos y los partidos de izquierda desde que se supiera su intención de reducir drásticamente el escandaloso número de liberados sindicales que, con la excusa de representar y defender a los trabajadores, se dedican, en realidad, a vivir de ellos.

Si desde UGT Cándido Méndez ha comparado la pretensión de Aguirre nada menos que con la del pastor Terry Jones de quemar el Corán, desde el Gobierno socialista la vicepresidenta Fernández de la Vega la ha considerado como "un ataque directo a los trabajadores". El líder del PSM, Tomás Gómez, ha aludido incluso al origen familiar de la presidenta madrileña al afirmar que "si fuese hija de dos trabajadores de Bosch o de Peugeot, seguro que entendería que los sindicatos son importantes".

Lo cierto es que la pretensión de Aguirre no es más que un ataque a supuestos "trabajadores" que, en realidad, no trabajan, y que cobran no por hacer aquello para lo que fueron contratados, sino para vivir como representantes sindicales sin que sean los propios sindicatos los que les paguen su salario. Ya sabemos que para este Gobierno hay que considerar trabajadores en activo tanto a los parados que están llevando a cabo cursos de formación como a esta privilegiada aristocracia sindical que sólo parece movilizarse para llamar a los trabajadores a la huelga. Sin embargo, por mucha que sea la desfachatez de este Gobierno, y por mucho que los sindicatos consideren los privilegios de sus liberados algo tan sagrado como el Corán para los musulmanes, lo cierto es que constituyen una rémora y un insulto a lo que de plausible y legítimo pudo tener y podría seguir teniendo el movimiento sindical.

Por otra parte, y al tratar, no de suprimir, sino de reducir en alrededor de 2.000 los 3.200 liberados con los que cuenta la Administración de la Comunidad de Madrid, Aguirre no se propone más que aplicar de manera estricta los mínimos que fija la ley y controlar de manera más eficiente las "horas sindicales" de las que disponen los miembros de los casi trescientos comités de empresa con los que cuenta la administración autonómica madrileña. De este modo, cuando todos ellos se reincorporen en sus puestos la Administración ahorrará más de 70 millones de euros dado que ya no tendría que contratar interinos para cubrir los turnos de estos liberados.

Que existan tres veces más liberados que los que marca una legislación ya de por si laxa en este terreno no sólo es una rémora para la creación de puestos de trabajo productivos y para el desarrollo económico del país, sino que constituye una auténtica injusticia social, especialmente en unos tiempos de crisis en los que todos, incluidos naturalmente, los sindicatos, deberían apretarse el cinturón. Pero está visto que no faltan caraduras que confunden la legítima defensa de los derechos del trabajador con el abuso que puede suponer vivir del cuento sindical y a costa del que paga el salario que, en este caso, no es otro que el contribuyente.


 

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