Los españoles han recuperado sus derechos después de 100 días de estado de alarma, régimen de excepción que ha prolongado injustificablemente el Gobierno social-comunista para evitar la debida fiscalización de su desastrosa gestión de la pandemia del coronavirus.
Hasta seis veces prorrogó Pedro Sánchez el estado de alarma, que le ha conferido unos poderes sin parangón desde la instauración de la democracia. Gracias a esa situación anómala, la coalición social-comunista ha despojado a la población de sus derechos esenciales, legislado sin contar con el Parlamento e impuesto impunemente aberraciones como la persecución policial de las opiniones contrarias al Gobierno.
Los social-comunistas pretenden que todo ha pasado y que el país ha recuperado la normalidad. Más aún, con gran infamia, Sánchez se presenta como el salvador de medio millón de vidas gracias a su gestión, cuando la realidad es que el fanatismo y la incompetencia de su Gobierno son tremendamente responsables de que el coronavirus se haya cobrado en España la vida de decenas de miles de personas.
El confinamiento abusivo y liberticida y la paralización de la actividad económica han producido una descomunal caída del PIB y del empleo, que se va a traducir en una crisis de consecuencias devastadoras para incontables familias y en una disrupción colosal del tejido productivo.
El panorama dista mucho de ser tranquilizador, como pretenden los social-comunistas y sus palanganeros mediáticos, que están escribiendo páginas de oprobio en la historia del periodismo.
La gravedad de la situación hace imprescindible que la oposición ejerza con mayor tesón su labor de control al Gobierno. Con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a los mandos por obra y gracia de golpistas y proterroristas, los defensores del orden constitucional no pueden bajar la guardia, han de seguir en estado de alarma. Están en juego la seguridad, la prosperidad y aun la continuidad de la Nación y de su Estado de Derecho.