Si hay algo que el Gobierno haya manoseado hasta la náusea para, al final, dejarlo como estaba es el tema de la vivienda. Heredó un problema real que afligía a millones de españoles y, en lugar de tomar las medidas adecuadas para resolverlo, hizo demagogia barata y se sacó de la manga un ministerio totalmente inútil. A la vuelta de tres años y medio desde que Zapatero se hiciese cargo del Gobierno la cruda realidad es que la vivienda está más cara que nunca y los alquileres tan prohibitivos para los arrendatarios y faltos de seguridad jurídica para los arrendadores como lo estaban antes de 2004.
Esto es, esencialmente, lo que ha hecho el Gobierno socialista con el "problema de la vivienda". Ni una sola de las iniciativas ha funcionado. No lo han hecho porque, presos de sus supercherías ideológicas, la crecida burocracia dedicada a la vivienda ha seguido confiando en recetas que nunca han dado resultados satisfactorios. La agencia pública de la vivienda, uno de los primeros proyectos estrella del presidente y la entonces ministra-cuota María Antonia Trujillo, ha sido un fracaso sin paliativos.
El precio del alquiler no sólo no ha descendido sino que ha aumentado varios puntos debido a la escasez en el mercado de viviendas destinadas al alquiler. A ninguna lumbrera del nuevo ministerio se le ha ocurrido, naturalmente, que esto se debe a las poca seguridad jurídica de la que disfrutan los caseros, es decir, que desahuciar a un moroso es realmente difícil, de ahí que los potenciales arrendadores se lo piensen dos veces antes de emprender la incierta aventura de poner su piso o chalet en alquiler. Si el Gobierno quiere de verdad que los alquileres se abaraten –y no sólo para los jóvenes de 22 a 30 años, sino para todos los españoles–, debe empezar por una reforma a fondo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuya rigidez es, en primera instancia, la responsable de lo caro que resulta vivir de alquiler en España.
Junto a esta necesaria modificación el Gobierno habría de repasar la Ley de Enjuiciamiento Civil y, como ha apuntado el Partido Popular, crear una suerte de juzgados de vivienda para dotar de seguridad jurídica a los contratos y dar rápida salida a los litigios entre arrendadores y arrendatarios. Un paquete de medidas legislativas semejante sería un revulsivo para el mercado del alquiler y un alivio para los millones de españoles que, por voluntad propia o por no poder hacer frente a la compra de una casa, viven en régimen de alquiler.
Zapatero, que muy probablemente conozca las soluciones que funcionan porque alguien se las haya soplado, prefiere el actual orden de cosas. Prefiere que los jóvenes se las vean negras para pagar la mensualidad al casero porque así siempre puede llegar él y, a modo de justiciero social, socorrerles con el dinero de sus conciudadanos. Como los socialistas de todas las épocas y países, los que nos gobiernan lidian mejor con la necesidad que con la abundancia. En suma, crean un problema, lo agravan con medidas carentes de sentido, y, cuando la situación se torna insostenible, acuden a resolverlo creando un nuevo problema, esta vez de orden económico en las arcas públicas.
Porque, como siempre ha sido y siempre será, el derroche es compañero inseparable de la demagogia. En un momento delicado, al borde de una recesión y con el Banco de España pidiendo mesura, lo peor que le puede venir a nuestra economía es gastar por gastar. Algo al alcance de cualquiera menos de, curiosamente, el presidente de Gobierno, tan obsesionado con mantenerse el cargo como despreocupado por los efectos que sus disparates electoralistas puedan tener sobre la economía nacional. A fin de cuentas la crisis, si viene, no la va a padecer él.
