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EDITORIAL

Ante el fracaso de la ley antitabaco, más represión

La coacción institucional, lejos de solucionar el problema que supuestamente pretende erradicar acaba agravándolo, axioma político suficientemente acreditado en la trayectoria de los gobiernos socialistas de todo tiempo y lugar.

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La ministra de Sanidad y Consumo, Trinidad Jiménez, reconocía esta semana el fracaso de su famosa “ley antitabaco”, una de las principales tareas a que ha consagrado su gestión desde que llegó al Gobierno. Una vez constatado que la Ley no consigue los resultados esperados sino todo lo contrario –desde que entró en vigor ha aumentado el número de fumadores en España–, lo lógico sería retirarla e intentar otro tipo de iniciativas, tal vez basadas en la información a los ciudadanos en lugar de coaccionarlos institucionalmente en el ámbito de su vida privada. Pero como la seña de identidad del socialismo es la intervención en todos los terrenos, la conclusión de Trinidad Jiménez es que si la compulsión y las amenazas no funcionan lo que hay que hacer es redoblarlas hasta que la realidad se adapte a las premisas de su ideología.

En consonancia con la trayectoria acreditada del socialismo, la ministra se dispone a endurecer aún más una ley fracasada, aumentando las prohibiciones para el consumo de tabaco que afectarán a cualquier espacio cerrado, sea cual sea su titularidad. El Gobierno socialista se arroga y amplía la potestad de decidir qué pueden o no hacer los ciudadanos dentro de una propiedad privada, tutelando nuestras decisiones individuales en el ámbito de lo personal como si todos fuéramos menores de edad, a excepción de los “ungidos” socialdemócratas encaramados al poder, responsables al parecer de velar por nuestro bienestar aunque sus acciones coactivas provoquen el efecto contrario.

Si el ministerio de Jiménez está, como lo parece, dispuesto a erradicar el tabaquismo, no tiene más que convencer a sus colegas de Hacienda y al presidente, por cierto, también fumador, para prohibir la producción y comercialización de ese producto. No lo hará, claro, porque desaparecerían las subvenciones que la UE entrega a los más de dos mil quinientos productores españoles de tabaco, ubicados principalmente en la muy socialista comunidad extremeña, y los abultados impuestos que las arcas del estado ingresan anualmente por su venta.

Insistamos una vez más en que la coacción institucional, lejos de solucionar el problema que supuestamente pretende erradicar acaba agravándolo. La normativa en contra del consumo del tabaco es sólo la última demostración de este axioma político, suficientemente acreditado en la trayectoria de los gobiernos socialistas de todo tiempo y lugar. Lo que hace Trinidad Jiménez no es más que el débil recurso de quien falla estrepitosamente en sus pronósticos y se niega a reconocer su fracaso. El único problema es que mientras los socialistas manejen la capacidad coercitiva del estado, podemos estar seguros de que los fumadores no van a ser los únicos en sufrir su zarpazo.


 

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