Los medios de comunicación vinculados al separatismo catalán, es decir, prácticamente todos los del Principado, están desempeñando un papel central en la estrategia de intoxicación informativa y agitación callejera puesta en marcha por los golpistas desde la consulta ilegal del pasado 1 de octubre.
La batasunización de Cataluña tiene su correlato en la eginización de la prensa nacionalista, incapaz de vivir por sus propios medios y gustosamente vendida al poder político de la región, en manos de una de las castas más corruptas de Europa. El resultado de cuatro décadas de subvenciones multimillonarias salta a la vista: el brazo mediático del golpismo separatista es una maquinaria formidable de fake news que silencia a la Cataluña constitucionalista y aventa el odio a España con machaconería orwelliana.
El panorama es de todo punto intolerable, con la mafia mediática separatista prestándose a la apología de la banda terrorista ETA, al señalamiento de los hijos de los guardias civiles acosados en sus propios colegios y a las agresiones verbales contra quienes plantan cara a la dictadura del miedo nacionalista, todo ello en medio de la más absoluta impunidad.
Acierta la dirigente popular Andrea Levy al pedir la intervención de TV3, buque insignia de la desinformación golpista que comanda esta campaña de odio y persecución al discrepante. El Gobierno debería prestar atención a las voces que vienen insistiendo en lo evidente: mientras el artículo 155 no se aplique con contundencia, será imposible devolver Cataluña a la normalidad democrática.
En cuanto a los medios privados, deben ser totalmente privados de financiación pública de cualquier tipo si son herramientas al servicio de quienes han atentado gravemente contra el Estado de Derecho y las propias instituciones catalanas. Nada más inmoral, injusto y antidemocrático que recompensar la activa complicidad con el golpismo liberticida.