Este martes se ha conocido el último Indicador de Confianza del Consumidor, elaborado por el Instituto de Crédito Oficial, que arroja unos datos que lo sitúan en su nivel más bajo desde diciembre de 2006. Si la percepción de la economía española, en general, ha caído en 9,4 puntos, la opinión de los ciudadanos sobre la economía familiar y la situación actual del mercado laboral ha empeorado en 4,9 puntos y en un punto, respectivamente.
Los propagandistas del gobierno querrán presentar esta creciente pérdida de confianza de los españoles en la situación económica como una errada percepción subjetiva que no tiene base objetiva alguna. Lo cierto, sin embargo, es que los últimos datos de competitividad y empleo, que también se han dado a conocer este martes, vienen a corroborar que son los miembros del gobierno, y no los ciudadanos, los que tienen una impresión distorsionada de la realidad.
Si el Banco Central Europeo ha elaborado un informe que sitúa a Irlanda y a España como los dos países que más competitividad exterior han perdido de la UE, el paro registrado en los Servicios Públicos de Empleo subió en agosto en 57.958 personas, lo que ha vuelto a situar el número de desempleados por encima de los dos millones. Se trata de la segunda subida consecutiva de desempleo, que duplica a la del año anterior y que es la mayor registrada en los últimos diez años.
Aunque el deterioro económico en esta legislatura no sea equiparable a lo que, para la cohesión nacional y la lucha contra el terrorismo, ha significado las alianzas de Zapatero con los nacionalistas y su negociación con los terroristas, era evidente que, en materia económica, el gobierno socialista no podía vivir indefinidamente de las rentas que le había dejado la buena herencia de los gobiernos del Partido Popular. Ya hace tiempo que alertamos que la pasividad de este gobierno, que no ha hecho reforma laboral ni fiscal alguna, tarde o temprano nos pasaría factura. Esta no es la primera y, desde luego, tampoco será la última.
