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EDITORIAL

Aviso: internet no es cosa de gobernantes

Si hay argumentos jurídicos para recelar de un organismo como la Hadopi, todavía los hay más para recelar de un organismo con interés de parte y de tan escasa transparencia como la Sociedad General de Autores

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Los navegantes de internet –al menos los franceses– pueden sentirse aliviados. El Consejo Constitucional francés acaba de tumbar buena parte de la mal llamada "ley antipiratería" impulsada por Sarkozy, por la que un organismo administrativo –la Autoridad para la Difusión de Obras y la Protección de Derechos sobre Internet (HADOPI)– quedaba facultado para cortar el acceso a internet a aquellos navegantes que descargaran archivos protegidos por derechos de autor. Según esta controvertida ley, estos internautas recibirían un primer aviso por correo electrónico y un segundo por carta certificada antes de que, en caso de reincidir, les cortasen el acceso por una duración entre seis meses y dos años.

Aunque el asunto en litigio sea algo tan moderno como las descargas en internet, no hay que extrañarse de que el Consejo Constitucional francés se haya remontado a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 a la hora de argumentar su oposición a semejante medida: los derechos fundamentales como el de la libertad de expresión y de comunicación y ciertos principios tan esenciales como el de la presunción de inocencia podían, ciertamente, vulnerarse en el caso de que fuera un organismo administrativo, y no un tribunal de justicia, el encargado de enjuiciar y condenar un presunto delito.

A este respecto, también hay que recordar que el Parlamento Europeo ha aprobado recientemente y por aplastante mayoría el llamado informe Lambrinidis, relativo a las libertades individuales en internet. En él se censuraba que gobiernos o empresas pudieran cortar el acceso a la red como forma de sanción, ya que tal extremo afectaba a derechos clave como el respeto de la vida privada, la protección de datos o la libertad de prensa.

Esperemos que esta noticia desaliente en España a quienes, como los dirigentes de la SGAE, no se contentan con el no menos injusto canon digital, sino que llegan al punto de pretender seguir por el mismo camino que el rechazado por la justicia francesa. 

De hecho, el Gobierno de Zapatero ha intentado llegar a una decisión similar mediante un acuerdo entre las entidades de gestión de derechos de autor y los operadores de telecomunicaciones. Y si bien hay argumentos jurídicos para recelar de un organismo como la HADOPI, todavía los hay más para oponerse a un organismo con interés de parte y de tan escasa transparencia como la Sociedad General de Autores. Estas asociaciones no pueden sustituir a los tribunales de justicia, como tampoco se les puede encomendar a ciertos operadores de telecomunicaciones las labores de espionaje que no les corresponden en un Estado de Derecho digno de ese nombre.

El problema es que la voracidad de la SGAE y los favores del Gobierno son tantos que nadie debería descartar que terminen asaltando nuestra vida privada y nuestras libertades con la excusa de la lucha contra la piratería. Es el precio que debemos pagar por una ceja convenientemente colocada.


 

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