Es lógico que las escenas que se vivieron este miércoles en el Capitolio de Washington provoquen una conmoción notable en Estados Unidos, que ha sentido la vulnerabilidad de su propio sistema al ver indefenso uno de sus centros de poder y uno de los grandes símbolos de la democracia, en una jornada que no se puede calificar sino de aciaga.
Lo cierto, no obstante, es que el asalto al Capitolio solo es un paso más en una larguísima serie de situaciones en las que las fuerzas de seguridad no han sabido o no han querido imponer el orden, algo que no solamente ocurre en EEUU –aunque allí lo hemos visto con especial intensidad el pasado año gracias a los disturbios del Black Lives Matter–, sino que también pasa en Europa y, singularmente, en España. Lo cierto es que a un lado y otro del Atlántico ha cundido, y con razón, la sensación de que ser parte de una masa iracunda garantiza la impunidad, se haga lo que se haga. Y eso es, sobre todo, lo que acaba llevándonos a episodios como el de este miércoles.
Tampoco conviene eludir la responsabilidad de Trump en lo ocurrido: la manifestación que convocó era una enorme irresponsabilidad, tal y como se ha podido comprobar, como irresponsable ha sido el comportamiento del presidente en las últimas semanas, alentado a sus seguidores con promesas que ha sido incapaz de cumplir y generando, a la postre, mayor frustración y mayor enfrentamiento.
Sin embargo, llama poderosamente la atención la ola de fervor proamericano y exquisito respeto institucional que se ha levantado en España, especialmente entre aquellos que durante toda su vida han lucido un antiamericanismo a prueba de hechos y por los que han promovido en España acciones muy similares al asalto al Capitolio.
Porque España es, por poner sólo unos ejemplos, el país en el que se ha rodeado el Congreso, se ha asaltado el Parlamento de Cataluña y se han organizado manifestaciones para tratar de impedir el nombramiento de un presidente democráticamente elegido en Andalucía. España es también el país en el que unos golpistas han tratado de subvertir la legalidad desde el poder planteando una ruptura del sistema constitucional vigente y de la propia unidad nacional. Y, muy especialmente, España es el país en el que los mismos que planearon el golpe y trataron de ejecutarlo ahora son socios del Gobierno y, sin renunciar a una sola de sus pretensiones ilegales, deciden la dirección de la política nacional con el apoyo y la complacencia de los dos partidos que forman el Ejecutivo.
En resumen, los que han dado el golpe de Estado en Cataluña critican la algarada en Washington como si hubieran entrado los Marines en el Capitolio en lugar de una banda de impresentables; mientras los que animaban a rodear el Congreso quieren ahora destacarse en la defensa de la sede de la soberanía popular en Estados Unidos. Sería hasta gracioso si no resultase tan grotesco y, sobre todo, si esos liberticidas que presumen de demócratas cuando no comandan ellos el asalto a las instituciones no estuviesen tan cómodamente instalados en el poder.