Los movimientos de la banda terrorista ETA desde que anunció en un comunicado su decisión de dejar de matar, demuestran que el llamado proceso de paz no ha finalizado todavía a pesar de la insistencia del PSOE en afirmar lo contrario. A las claudicaciones permanentes del gobierno para que los terroristas le concedieran un comunicado intrascendente pero efectivo en términos mediáticos, se suman las exigencias continuas de esos mismos delincuentes para que el Estado de Derecho deje de operar en lo que respecta a su actividad asesina pasada. La constitución de la coalición Amaiur y su participación en estas elecciones generales es sólo otra concesión más de ese mismo gobierno, que ha hecho de la dignidad de todos los españoles y el derecho de las víctimas a una elemental justicia una simple moneda de cambio en sus cambalaches con una banda de asesinos.
Esa es la herencia que deja el PSOE de Zapatero y Rubalcaba al próximo gobierno que salga de las urnas el 20-N, mucho más lesiva para la nación que el desastre económico provocado por su incompetencia en materia económica, el otro pilar de su nefasto legado.
Ante este panorama, el partido que aspira a gobernar España durante los próximos cuatro años no puede permanecer ajeno. Si bien Mariano Rajoy está actuando en este asunto con un perfil premeditadamente bajo, en consonancia con su estrategia de no comprometerse en cuestiones polémicas durante la campaña electoral, justo es reconocer que otras voces muy autorizadas de su mismo partido han decidido dar un paso al frente para decir aquello que todos los españoles de bien quieren escuchar del partido político que, previsiblemente, va a tener la responsabilidad máxima de gobierno en sólo unos días.
Aznar, Mayor Oreja y Aguirre, en un acto electoral celebrado en Madrid, han puesto sobre el tapete una cuestión esencial como la necesidad de que el brazo político de una banda terrorista, cuyos objetivos y estrategia comparte plenamente, quede apartado de la política democrática cuyas instituciones pretende destruir. En efecto, una democracia madura y una sociedad libre no pueden permitir en su seno la existencia de agentes que se aprovechen del terror para la consecución de unos fines políticos extramuros de nuestra Constitución, que fue precisamente el motivo principal de la vigente Ley de Partidos Políticos, perfectamente inoperante durante el mandato de Zapatero.
Un país puede salir de la recesión económica sin muchos daños que lamentar. De la postración de la legitimidad democrática ante una banda terrorista y sus compinches, no. Si Rajoy tiene tan claro como su antecesor en la dirección del Partido Popular este elemental principio, todavía hay esperanza para la regeneración democrática que España necesita sin demora.