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EDITORIAL

Balance de un pésimo año para España

ZP anuncia más paro y más rescates bancarios para 2009. Pero nadie le pide explicaciones, pese a que ha reconocido que su programa electoral era papel mojado y a que se ha dedicado a expandir el poder del Estado con la excusa de estabilizar la economía.

El presidente del Gobierno hizo ayer balance del año, centrándose, como no podía ser de otro modo, en la crisis económica que padecemos. Cuestionado sobre su promesa electoral de lograr el pleno empleo, Zapatero matizó que nunca se trató de un compromiso, sino de un objetivo. Dicho de otra manera, el PSOE acudió a las elecciones con un compendio de buenas intenciones y no con un programa de Gobierno (que, como mínimo, debería especificar unos fines factibles y unos medios adecuados para lograrlos).

Es difícil elegir qué perspectiva es peor: la de un Ejecutivo instalado en la mentira permanente o la de unos políticos desorientados que sobreviven gracias a su populismo buenista. O propaganda o marketing –probablemente una mezcla de ambos– pero en ningún caso ideas de fondo sobre cómo resolver los problemas actuales.

En febrero de 2008, cuando Zapatero concurría a las elecciones negando que la crisis financiera internacional pudiera tener una incidencia significativa en España, el paro se situaba en 2.300.000 personas; con diferencia, la cifra más elevada de toda la legislatura. Aun así, todos los políticos socialistas ofrecieron una imagen de unidad contra los "catastrofistas antipatriotas" que auguraban malos tiempos para la economía española: no contentos con reafirmarse en que las cosas no empeorarían más, anunciaron que lograríamos el pleno empleo, un hito nunca alcanzado en la España democrática.

Pues bien, apenas nueves meses más tarde, no sólo no hemos logrado el pleno empleo, sino que el número de parados se ha elevado a tres millones de ciudadanos. Dicho de otra manera, desde que Zapatero revalidó la confianza de los españoles, alrededor de 75.000 personas cada mes (2.600 al día) han perdido su puesto de trabajo.

Uno querría pensar que un Gobierno tiene una mínima capacidad de reacción para cuando la realidad le asesta golpes tan duros contra sus expectativas. Si en lugar de crear un millón de empleos, lo hemos destruido, cabría esperar que nuestros políticos se preguntaran qué ha fallado y qué debemos corregir. Sin embargo, el discurso económico del PSOE pasa por asirse a un filo hilo cada vez más tenso: la economía española no tiene ningún problema sino que las dificultades actuales son culpa de una crisis importada que, para más inri, ha sido causada por las políticas neoliberales de Bush. Así pues, España no tiene ningún problema, no hace falta reformar nada, en cuanto los Estados Unidos arreglen sus problemas internos, volveremos a crecer a plena potencia y alcanzaremos el objetivo del pleno empleo. Bajo esta perspectiva, es obvio que Zapatero no podía comprometerse a nada, ya que, como Felipe II, no había mandado a sus barcos a luchar contra los elementos, en este caso, contra los elementos subprime.

El problema de este discurso es doble. Por un lado, la pasividad del Gobierno en no liberalizar el mercado laboral (y en aprobar regulaciones que sólo pueden aumentar el paro) está agravando sobremanera la crisis en España, que ya es, no sólo el país de la OCDE con una tasa de paro más elevada, sino –lo que resulta más preocupante– el que más rápido la está incrementando.

Por otro, el discurso de que la economía "está bien como está" permite que los cambios estructurales de calado que está implementando el Ejecutivo se camuflen como parches transitorios para aguantar el chaparrón hasta que Estados Unidos se recupere. Pero no es así, como suelen hacer todos los Estados durante las crisis, Zapatero está aprovechando el desconcierto, el miedo y la incertidumbre de los españoles para expandir el poder de la Administración hacia ámbitos que, hasta hace poco, habrían resultado inimaginables. Un ejemplo claro lo tenemos en la banca: el plan de adquisición de activos financieros ha pasado sin pena ni gloria por el Parlamento. Es el Gobierno quien, casi sin control político, decide a qué bancos y a qué precio adquiere los activos financieros; en otras palabras, es el Gobierno quien tiene capacidad para llevar a cabo una masiva redistribución de la renta (desde los contribuyentes hacia sus banqueros afines) y para elegir qué bancos lo van a pasar peor que otros. Poco a poco, sin que nadie proteste y sin que nada parezca cambiar, estamos trastocando los fundamentos de la economía en pos de un socializante capitalismo de Estado.

Zapatero anuncia más paro y más rescates bancarios para 2009. Pero nadie le pide explicaciones, pese a que ha reconocido que su programa electoral no fue más que papel mojado (un cúmulo de buenas intenciones inverosímiles) y pese a haberse dedicado a expandir el poder del Estado con la excusa de estabilizar la economía. Rajoy dijo ayer en Galicia que discrepa profundamente de las recetas que ha adoptado el Ejecutivo, pero lo cierto es que las ha apoyado todas. ¿Qué otra cosa podía hacer? Una batalla abierta por la defensa de la democracia y del libre mercado en España podría haberle excluido definitivamente de heredar el nuevo régimen económico que se está construyendo en nuestro país.

Así las cosas, todo parece indicar que 2009 será bastante peor que 2008, no ya porque la economía vaya a continuar purgando sus borracheras crediticias anteriores, sino especialmente porque la clase política española seguirá aumentando de tapadillo el poder y la discrecionalidad del Estado. Cuando salgamos de la crisis, lo haremos sin duda mucho más debilitados y, sobre todo, mucho menos libres.

En Libre Mercado

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