Cincuenta y siete días han hecho falta para que por fin la Comisión Antiviolencia acordase un conjunto de multas para los responsables, por acción u omisión, de la vergonzosa pitada que tuvo lugar en la pasada final de la Copa del Rey contra los símbolos de nuestra nación: el himno y el Rey. La decisión se ha limitado a imponer unas pequeñas multas a los dos clubes, una mayor a la Federación y casi un millón a las diversas organizaciones independentistas que organizaron el acto.
Atrás han quedado los rumores que apuntaban a un posible cierre de ambos estadios por un partido. La extensión de los cuatro días anunciados por la comisión para tomar una decisión hasta los cincuenta y siete que han tardado al final parecen haber servido para calmar los ánimos frente a unos clubes que, si bien es cierto que el Barcelona desaconsejó con la boca pequeña la pitada, hubieran sido capaces ellos solos de evitar esta infamia de habérselo propuesto.
Más dura ha sido la sanción impuesta a la Federación Española de Fútbol, algo razonable habida cuenta de que la organización dirigida por el inamovible Ángel María Villar fue la organizadora del evento. Pero dado que toda sospecha es poca respecto a las razones reales detrás de las diferidas decisiones de esta Comisión, no sería extraño que el principal peso detrás de esta multa haya sido la lucha de poder entre el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, y el propio Villar más que la responsabilidad de la FEF en la pitada.
Más apropiada ha sido la sanción que ha recaído en un total de las once asociaciones subvencionadas por la Generalidad que se encargaron de organizar la pitada, con especial atención a Catalunya Acció y su presidente por su papel principal y su labor de reparto de silbatos. Desgraciadamente, en la práctica esto supondrá que Artur Mas, el mismo que sonreía durante la pitada, les extienda con la misma sonrisa un cheque del dinero de todos los españoles para que paguen la multa. ¿Por qué no iba a hacerlo? Bien sabemos que prefiere emplear el dinero en agitación y propaganda que en los hospitales y colegios catalanes.
En cualquier caso, los trámites no han hecho más que empezar. La propuesta de sanciones tiene que pasar por el Gobierno, que no sería de extrañar que las diluyese, para finalmente pasar por un tribunal ante los más que probables recursos de los afectados. Si este primer paso se ha dilatado tanto, cabe esperar que los siguientes no le vayan a la zaga. No sería raro que, para cuando esto termine, se haya celebrado alguna Copa más y quién sabe si con los mismos protagonistas y con idéntico comportamiento. Para evitarlo hubiera hecho falta una sanción más severa y adecuada, como la exclusión de ambos clubes de la Copa del Rey que al parecer tanto les molesta jugar.