La votación de la reforma laboral ha sido otro momento esperpéntico de una legislatura en la que por desgracia ya nos estamos acostumbrando a que las instituciones no funcionen con la normalidad exigible en una democracia, sino de forma irregular y con serias dudas.
Sólo un voto de diferencia ha marcado el sí a una norma que conviene recordar que es un error muy serio: una ley regresiva que da más poder a los sindicatos y, por tanto, sólo servirá para crear más paro.
El Gobierno llegaba al debate definitivo con dos votos de ventaja, pero a última hora los dos diputados de UPN han roto valientemente la disciplina de un partido que se había vendido por un plato de lentejas. Una vez más, Carlos García Adanero y Sergio Sayas han dado ejemplo de cómo se puede dignificar la política con tres ingredientes básicos: valentía, conciencia y respeto por sus votantes.
En el lado contrario de la balanza, es decir, en el ejercicio más repugnante de la política peor entendida, Meritxell Batet se ha saltado a la torera el Reglamento del Congreso, las resoluciones de la Mesa y los más básicos principios democráticos a la hora de retorcer lo que ha querido votar el diputado del PP, Alberto Casero, que ha sido clave para la aprobación de la norma.
El Reglamento recoge desde hace años la posibilidad del voto telemático en su artículo 82, cuyo punto segundo dice lo siguiente:
El voto emitido por este procedimiento deberá ser verificado personalmente mediante el sistema que, a tal efecto, establezca la Mesa y obrará en poder de la Presidencia de la Cámara con carácter previo al inicio de la votación correspondiente.
Es decir, la presidencia de la cámara debe "verificar" antes de la votación en el hemiciclo todos los votos telemáticos emitidos. Esto podría dejar abierta una interpretación: que esa comprobación se refiera sólo al hecho de que el voto se haya emitido, pero no es así: la Resolución de la Mesa del Congreso que desarrolla este aspecto lo deja claro en su punto Cuarto:
Tras ejercer el voto mediante el procedimiento telemático, la Presidencia u órgano en quien delegue, comprobará telefónicamente con el diputado autorizado, antes del inicio de la votación presencial en el Pleno, la emisión efectiva del voto y el sentido de este. Una vez verificados dichos extremos, el voto telemático emitido se trasladará a la Presidencia al inicio de la votación presencial en Pleno para que pueda anunciar el resultado acumulado de las votaciones.
Es evidente que si se ha de verificar el sentido del voto es porque existe la posibilidad de cambiarlo en caso de que se hubiese producido algún tipo de error, bien humano bien informático, tal y como reclama que ha ocurrido el diputado popular Alberto Casero.
Pero es que además, aún cabía otra posibilidad: según dicen tanto el PP como otros partidos, Casero se ha presentado en el Congreso para votar presencialmente, algo que la Mesa puede autorizar con total normalidad como reconoce el punto Sexto de la anteriormente citada Resolución. Pero según ha desvelado Macarena Olona, Batet no ha convocado la Mesa, lo que en esta situación está claro que ha sido un obsceno incumplimiento de la Ley con el que se ha forzado ilegalmente una decisión de la Cámara Baja que Batet sabía que no era la que quería tomar la mayoría.
Lo que ha hecho la presidenta del Congreso es, en suma, un escándalo gravísimo y un ataque a la democracia, pues ha violentado la voluntad popular expresada a través de sus representantes elegidos en las urnas para aprobar una ley que, además, es un texto legislativo de gran importancia. Un dislate propio de una asamblea chavista y no de la cámara legislativa de una democracia europea que, por desgracia, cada día se parece más al parlamento domesticado de una república bananera.