El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, compareció ayer junto al vocal del CGPJ José Manuel Gómez Benítez en una insólita rueda de prensa en Moncloa cuya única justificación es la necesidad imperiosa de lanzar un doble mensaje. Sólo así se puede entender que el titular de Justicia se haga acompañar por uno de los mediadores del actual Gobierno con ETA, el citado Gómez Benítez, abogado para más señas de Baltasar Garzón, a fin y efecto de negar que Sortu sea ETA (como afirmó un día antes) porque si fuera ETA sus miembros deberían estar en la cárcel y que a quien se parece en realidad el nuevo brazo político de la banda es a... Batasuna.
Después de muchos años y no pocos consensos, hasta Jesús Eguiguren parece admitir que Batasuna es ETA, por lo que no hay que ser precisamente un lince para concluir que si Batasuna es ETA y Sortu es Batasuna, todos ellos forman parte de una misma empresa. En esas, Caamaño pretende rectificar y lo único que consigue es crear más dudas respecto a la posición del Gobierno sobre la penúltima trampa del grupo terrorista.
Pocas horas después de que aparecieran ante la prensa Caamaño y Gómez Benítez –cuyo nombre aparece en las actas incautadas a ETA como el encargado de trasladar a los terroristas los desvelos gubernativos en torno al bar Faisán y a Jarrai–, Sortu acusaba recibo y prometía el fin de ETA si se legalizaban las nuevas siglas. Ese es en síntesis el contenido de sus alegaciones ante el Tribunal Supremo, que suponen todo un reconocimiento de la esencia y sustancia de Sortu. Según el escrito de los como mínimo proetarras, la legalización supondría la "estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político para que quienes practican la violencia puedan continuar con su actividad", actividad que consiste en el asesinato, la extorsión y el chantaje, que no otra cosa es la promesa de cese de los atentados a cambio de legalización e impunidad.
Debe prestarse atención al hecho de que la comparecencia de Caamaño y de tan connotado vocal del CGPJ se produjo tras una reunión de los citados con Zapatero y el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar. Supuestamente se abordó "la agilización de la justicia", pero tras el encuentro sólo se habló de Sortu, ETA y Batasuna. Todo ello en medio de una escalada verbal a favor de los intereses de ese entramado criminal protagonizada por el citado Eguiguren –con artículo en El País incluido–, el lendakari López y el propio Caamaño. Negar o dudar en este contexto de la existencia de negociaciones con ETA, con Sortu o con como quiera que se llamen, es tanto como mentir, cambiar de nombre a las cosas o, como es el caso del PP, estar en un clamoroso fuera de juego.