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EDITORIAL

Caos aéreo, control público

Precisamente porque el control aéreo es hoy un servicio público primordial hay que arrancárselo al Estado de las manos y devolver su gestión a la sociedad civil.

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Cuando un servicio esencial para la sociedad está confiado en exclusiva a un reducido grupo de trabajadores dependientes del poder político, existe siempre la posibilidad de que los ciudadanos acaben siendo rehenes en las polémicas laborales entre empleado y empleador.

Ningún estado consciente de su responsabilidad puede permanecer durante décadas bajo la amenaza latente de que unos obreros privilegiados decidan paralizar una actividad esencial, provocando enormes perjuicios al resto de los ciudadanos, a la economía nacional y a la imagen exterior del país. Sin embargo, y por desgracia, esa es la situación que, con los controladores aéreos, vivimos en España desde hace décadas.

Es un hecho que ningún Gobierno de la democracia ha tenido agallas para resolver una situación anómala dónde las haya como el estatus de la empresa pública AENA y los controladores aéreos que de ella dependen. De forma asombrosa para una sociedad moderna, los distintos Gobiernos se han sometido sin excepción al chantaje de un minúsculo grupo de trabajadores que ha decidido incluso el número de puestos de trabajo cuya provisión debía convocarse según los años.

Ninguna empresa privada admite que sus trabajadores la dirijan, pero en las corporaciones públicas ésta es una norma no escrita. Sin embargo, las propias exigencias de la vida actual dificultan cada vez más que los ciudadanos acepten una situación aberrante como la vivida ayer en los aeropuertos españoles, fruto precisamente de confiar la gestión de un servicio indispensable al Estado y sus funcionarios. Como ocurrió en la huelga salvaje del Metro de Madrid, los usuarios dan por buenas las molestias causadas a condición de que se pongan los medios para que nunca más vuelvan a repetirse.

Precisamente porque el control aéreo es hoy un servicio público primordial hay que arrancárselo al Estado de las manos y devolver su gestión a la sociedad civil. La iniciativa privada tiene incentivos suficientes para evitar estas situaciones, porque su éxito depende exclusivamente de la garantía en la prestación del servicio de forma adecuada, aunque para ello deba renovar por completo una plantilla que sea improductiva o que no sepa estar a la altura de las circunstancias.

Por desgracia, los socialistas de todos los partidos tiemblan ante la mera posibilidad de que un servicio de estas características se transfiera a las empresas especializadas del sector. Pues bien, que se den una vuelta por los aeropuertos estos defensores de "lo público" y expliquen su tesis a los viajeros secuestrados la próxima vez. Apostamos a que los ciudadanos les sacan de su error en tan sólo un par de minutos.


 

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