La insistencia de Pablo Casado todos estos meses en asegurar que no pactaría con Sánchez una renovación de los órganos constitucionales si no se llevaba a la práctica con criterios únicamente profesionales era sólo una pose para ganar tiempo y tratar de orillar a VOX en uno de los grandes asuntos de Estado. Llegada la hora de la verdad, Casado y Sánchez han pasteleado a placer y se han repartido los puestos de los órganos constitucionales que tocaba renovar, con una desvergüenza que los iguala como un par de políticos sin escrúpulos a la hora de incumplir sus promesas.
Félix Bolaños por parte del PSOE y Teodoro García por el del PP pactaron la renovación del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional introduciendo en a personajes identificados absolutamente con sus respectivos partidos, para que no queden dudas de a quién van a servir desde sus nuevas responsabilidades.
La torpeza tradicional del PP cada vez que se presta a negociar con los socialistas estos pactos contranatura ha alcanzado esta vez niveles de auténtica vergüenza ajena, como demuestra perfectamente el caso de Margarita Mariscal de Gante. La hasta ahora magistrada del Tribunal de Cuentas, ministra de Justicia en el primer Gobierno de Aznar, era el principal azote de los independentistas por su tesón en la formación de las causas por malversación durante el proceso secesionista, que desembocaron en una fuerte condena a Artur Mas y al procesamiento de otros 34 altos cargos independentistas. No es casual que en la Generalidad hayan recibido con júbilo su sustitución, que Sánchez y sus socios separatistas habían situado en su punto de mira.
Los populares dicen aceptar la salida de Mariscal de Gante para despolitizar el órgano de cuentas por su pasado remoto en un Gobierno popular, pero aceptan para ese puesto a petición del PSOE al abogado que defendió a Podemos en el caso Neurona, sobre financiación ilegal de la formación chavista, y representó a la amiga de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, en sus cuitas con la Justicia. ¿Dónde está la despolitización por la que Casado y Teodoro tanto dicen luchar?
Pero el colmo del despropósito es la designación de un personaje como Ángel Gabilondo para el puesto de Defensor del Pueblo, un nombramiento cuya aceptación por parte de Casado solo puede entenderse como una bofetada intencionada a Isabel Díaz Ayuso, que rechazó de plano en su día tal posibilidad por el constante juego sucio del triste candidato socialista a la presidencia de Madrid durante la pasada campaña electoral.
El pacto alcanzado esta semana no fortalece la independencia de la Justicia sino que la desprestigia aún más. Pero el PP de Casado prefiere entregar a la izquierda el control de las instituciones siempre que pueda utilizar esos pactos en sus venganzas internas y presentarse ante la sociedad como el único partido en el ámbito de la derecha con posibilidades de gobernar.
Casado mintió a todos los españoles cuando dijo que iba a sacar la política de las instituciones judiciales. Lo que han hecho él y Teodoro García es esta semana es emporcarlas todavía más.