Que el llamado caso Dina debería haber sido publicitado más bien como caso Iglesias es algo que este diario viene sosteniendo desde hace tiempo y que viene a secundar la imputación del vicepresidente del Gobierno que el titular del Juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo, por los presuntos delitos de revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delitos.
A la vista de su escrito de acusación, ni que decir tiene que, de no ser por el hecho de que el líder de Podemos es aforado, el juez ya habría dado orden de apertura de juicio oral contra Iglesias, cosa que ahora tendrá que decidir el TS por razón de ese “privilegio” del aforamiento tantas veces criticado por Iglesias y su banda neocomunista. Así las cosas, supone una autentica vergüenza que el líder de Podemos se escude ahora en ese aforamiento para no aplicarse lo que tantas veces ha exigido para los demás y de hecho prometió que haría en su partido: “Apertura de juicio oral, dimisión: así de rápido”. Esta es de hecho la misma máxima que, con muchos menos motivos, Iglesias exigió que se aplicara contra Rajoy –entonces también aforado– con ocasión de la moción de censura.
Otro tanto se podría decir del presidente del Gobierno: por mucho que Moncloa maquille y reduzca el caso Iglesias a un mero “asunto de faldas”, la gravedad de los delitos de que se acusa al vicepresidente y la misma distinción entre “responsabilidades políticas” y “responsabilidades penales” que tantas veces ha aplicado el PSOE para arremeter contra los Gobiernos del PP debería llevar a Sánchez a destituir fulminantemente a su vicepresidente.
Desgraciadamente, todo apunta a que las presiones sobre el TS y la Fiscalía para que desestime el procesamiento de Iglesias van a ser enormes, pues no es sólo la continuidad del vicepresidente lo que está en juego, sino la propia continuidad del Gobierno, que no se podría mantener sin el respaldo de la formación de extrema izquierda, cada vez más salpicada de casos de corrupción. De hecho, fuentes de la Moncloa sólo admiten de forma oficiosa que la imputación de Iglesias haría inevitable su dimisión, dejando así en evidencia que Sánchez ni va a destituir a Iglesias ni va dirigir contra él las mismas solicitudes de dimisión que dirigió contra Rajoy, a pesar de que éste ni entonces ni después fue procesado por delito alguno.
Si el tándem PSOE-Podemos está resultando una auténtico desastre en la gestión de la crisis institucional, sanitaria y económica que está padeciendo España, su doble vara de medir a la hora de reclamar responsabilidades por casos de corrupción resulta un obstáculo para la regeneración ética de la vida pública nacional.