La violencia callejera desatada con el pretexto del encarcelamiento de un rapero delincuente ha estado desde el principio promovida por los grupos antisistema, organizados en torno a las Candidaturas de Unidad Popular (CUP), y apoyada por las fuerzas separatistas que controlan la Generalidad.
La CUP es la fuerza de choque del separatismo que ha batasunizado las calles de las ciudades catalanas siguiendo el ejemplo de los grupos proetarras en el País Vasco, especialmente desde que los partidos independentistas intentaron un golpe de Estado a través de la consulta ilegal del 1 octubre de 2017. Desde entonces, cualquier pretexto ha sido aprovechado para llevar la violencia a las calles, mientras el Gobierno autonómico miraba para otro lado cuando no mostraba su apoyo explícito a las salvajadas de estos grupos, como hizo el patético Quim Torra al cumplirse el primer año de la intentona golpista.
Las elecciones regionales catalanas del pasado 14-F y la necesidad de contar con los votos de los diputados de la CUP para formar un Gobierno independentista ha agudizado este entreguismo de los partidos nacionalistas, que han puesto en manos de los antisistema incluso la seguridad de todos los catalanes.
No de otra forma cabe entender que el partido del condenado Junqueras, destinado a liderar el nuevo Gobierno regional, haya acordado con la CUP que la Generalidad no se persone como acusación particular en los casos de ataques a los Mossos, que estos no participen en desahucios y que no se utilicen proyectiles de foam para dispersar manifestaciones violentas. Semejantes concesiones suponen de facto desarmar a los cuerpos policiales y maniatarlos frente a los ataques de terrorismo callejero que sufren cada día ciudadanos, empresas y policías, algo inconcebible en cualquier país desarrollado pero, por desgracia, perfectamente factible en una región tan degradada como la actual Cataluña.
Para mayor afrenta de los que han de sufrir los desmanes de estos matones callejeros, el anuncio de este acuerdo con ERC ha sido realizado en la televisión pública catalana, convertida desde hace tiempo en un órgano de agitación y propaganda al servicio exclusivo de la minoría radical independentista.
El envilecimiento de la vida social y política en Cataluña continúa a pasos agigantados para desesperación de más de la mitad de los catalanes y vergüenza de la inmensa mayoría de los españoles. Lo más desesperante es que con ERC dirigiendo la Generalidad y Sánchez en el Gobierno de España, está plenamente garantizado que las cosas van a empeorar.