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Cataluña: ¿rescate sin propósito de enmienda?

Este deseo –en el fondo, irresponsable– de no entrar en polémicas por parte del Ejecutivo es lo que está envalentonando a los nacionalistas, que ni siquiera se molestan en simular un propósito de enmienda a la hora de solicitar nuevos créditos.

EDITORIAL
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El Gobierno autonómico catalán ha solicitado formalmente este martes la adhesión al llamado Fondo de Liquidez Autonómico y pedido 5.023 millones de euros para cubrir unos vencimientos inminentes que su elevada deuda le hace imposible de afrontar. Aunque la solicitud de rescate no sea, ciertamente, una sorpresa para nadie, sí llama la atención el descaro con el que el portavoz del Ejecutivo autonómico, Francesc Homs, ha advertido de que no "aceptará condiciones políticas" para disponer de unos recursos que son "de los propios catalanes".

Naturalmente que el Fondo de Liquidez Autonómico se nutre de los forzados contribuyentes catalanes, como del resto de los españoles. Esto es una obviedad, como también lo es el hecho de que el dinero de los contribuyentes catalanes, como los de cualquier otra comunidad autónoma, están destinados a sostener no sólo sus respectivos Gobiernos regionales, sino las administraciones locales, provinciales, el Estado central y las instituciones europeas.

La cuestión es si estos fondos de rescate van a servir para que la Generalidad ponga coto a su descontrolado gasto público o, por el contrario, para que pueda proseguir por una senda que ya ha llevado a los catalanes a tener que soportar el mayor endeudamiento autonómico de toda España.

Es cierto que las condiciones que deben acompañar a la concesión de este rescate no son de naturaleza distinta a las que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria o las que conlleva el objetivo de reducción de déficit autonómico, a lo que nos hemos comprometido ante nuestros socios comunitarios, que, en el caso de la autonomía catalana, supone reducir su déficit del 3,9% con el que cerró 2011 al 1,5 % a finales de este año. Ahora bien, eso no significa, en modo alguno, que los planes de ajuste ya planteados por la Generalidad sean suficientes, tal y como ha venido a defender este martes Homs.

Rajoy, en su comentario a las declaraciones del portavoz del Ejecutivo catalán, se ha limitado, sin embargo, a manifestar que lo importante es "que todos cumplan con sus compromisos de déficit público, pero que "no es el momento de polémicas". "Las comunidades autónomas son también España, y el Gobierno no se desentiende de las comunidades autónomas", ha añadido.

Naturalmente que las comunidades autónomas son España, aunque esto no lo tengan muy claro los miembros del Gobierno catalán que piensan acudir a "título personal" a la muy polémica manifestación independentista que se celebrará el próximo 11 de septiembre. Sea como fuere, "no es el momento" de transmitir la menor duda de la determinación del Ejecutivo central a ejercer las competencias de "control, vigilancia e intervención" que la Ley de Estabilidad Presupuestaria le concede respecto a las comunidades autónomas que incumplan sus compromisos de reducción del déficit; determinación que no puede debilitarse por el deseo del presidente del Gobierno de "no entrar en polémicas". De hecho, este deseo –en el fondo, irresponsable– de no entrar en polémicas por parte del Ejecutivo es lo que está envalentonando a los nacionalistas, que ni siquiera se molestan en simular un propósito de enmienda a la hora de solicitar nuevos créditos. Lo que parece evidente es que ni las declaraciones procedentes del Gobierno autonómico catalán ni las del presidente Rajoy van a servir para calmar las dudas respecto de la capacidad del Reino de España para embridar el gasto del Estado autonómico, principal responsable de la elevadísima prima de riesgo de nuestra deuda pública.

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