La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de anular parte de los contenidos de la Educación para la Ciudadanía por su "incompatibilidad con la neutralidad del Estado" está poniendo en evidencia, no sólo el adoctrinamiento ideológico de esta mal llamada asignatura, sino la falta de educación y de civismo con la que han respondido muchos de sus impulsores, como Manuel Chaves.
A la falta de respeto a la Justicia y de honradez intelectual que supone relacionar la sentencia del TSJA con la "misoginia" y "machismo" que existe en España "en distintos sectores", Chaves ha añadido su desafiante determinación de "seguir adelante aunque les pese a algunos jueces".
Aunque el desprecio de Chaves a los tribunales se base en parte en su confianza en el control político de instancias superiores, como el Tribunal Constitucional, lo que queremos destacar es la desfachatez de apelar a los principios constitucionales para impulsar una asignatura que viola preceptos tan básicos como la libertad de conciencia o el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones.
Claro que, con esta desfachatez orwelliana que les caracteriza, a nadie debería sorprender que los socialistas consideren que insultar a los magistrados, hacer caso omiso a sus sentencias, negar a los ciudadanos el derecho a la objeción de conciencia, cercenar la libertad religiosa o violar la neutralidad del Estado con un obligatorio adoctrinamiento político en las aulas sean, todas ellas, muestras de ese respeto a los "principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales" que dicen perseguir con su Educación para la Ciudadanía.
