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EDITORIAL

Comienza el desacato al Tribunal Constitucional

La voluntad de desacato ya la dejó de manifiesto hace quince días el propio Montilla cuando dijo que "las leyes deben aprobarse; puede que con algunas observaciones del Consell de Garanties, pero no a la luz de lo que diga la sentencia del Constitucional"

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Aunque el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, considerase que "nada se opone, a efectos estrictamente autonómicos, a que las provincias catalanas pasaran a denominarse veguerías, ni nada impide, tampoco, que en ese supuesto los consejos de veguería sustituyeran a las diputaciones provinciales", el Alto Tribunal fue muy claro al dictaminar que cualquier alteración de los límites provinciales o de creación y modificación de las provincias compete al Estado y que "de ninguna manera" está al alcance "del legislador autonómico". Y en esa línea, concluyó que, "para ser conformes con la Constitución", los "consejos de veguería pueden sustituir a las diputaciones en el exclusivo caso de que los límites geográficos de las vueguerías coincidan con los de las provincias".

Pues bien, el Parlamento de Cataluña acaba de aprobar la llamada Ley de Veguerías que, lejos de limitarse a un cambio de nombre, suprime la demarcación provincial en Cataluña y la sustituye por siete veguerías (Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre y Alt Pirineu i Aran), en lo que supone un claro desacato al Tribunal Constitucional. Y es que, por mucho que inicialmente sólo sean operativas cuatro de las siete veguerías, y por mucho que, a toro pasado, se acordase en Cortes Generales una modificación de la legislación estatal que incluyese cambios en los límites provinciales, la voluntad del tripartito de saltarse a la torera la sentencia del Constitucional es tan clara como ya la dejó de manifiesto el propio Montilla hace quince días cuando, al referirse a este asunto, dijo que "las leyes deben aprobarse; puede que con algunas observaciones del Consell de Garanties Estatutàries, pero no a la luz de lo que diga la sentencia del Constitucional".

El presidente de la Generalitat expresaba así, dicho sea de paso, una doble voluntad de desacato por cuanto la sentencia del Constitucional no sólo preservaba la competencia estatal en este asunto, sino que también había retirado al Consell de Garanties la capacidad de emitir cualquier dictamen vinculante porque "perjudica al monopolio de rechazo a las normas con carácter de ley reservado por el artículo 161 de la Constitución al propio Tribunal Constitucional".

Lo mas bochornoso de todo es que este acto de rebelión institucional contra nuestro estado de derecho que se ha vivido en el parlamento autonómico catalán ni siquiera ha contado con el respaldo de todos los que, dentro y fuera de él, han impulsado el soberanista estatuto catalán. Así, al voto negativo del PP y del Grupo Mixto, se ha sumado el de CiU, formación irritada con el tripartito por aprobar la ley por el trámite de urgencia y sin consensuarla con la oposición. A eso hay que sumar el hecho de que desde Lérida se ha criticado la pérdida de peso que supone que la provincia quede dividida en tres veguerías; que los ayuntamientos de Tarragona y Reus han traslado su enfrentamiento casi histórico a la capitalidad de la nueva veguería: Camp de Tarragona; que Reus exige que ambas ciudades compartan la capital (como pasa con Sabadell y Terrassa en el Vallès) y Tarragona, además de negarse en rotundo, reclama que la nueva veguería se denomine simplemente Tarragona.

Todo este reaccionario y conflictivo galimatías, con la que los nacionalistas tratan de evocar una demarcación administrativa propia de la Edad Media, no sólo desafía a nuestro estado de derecho, sino que también constituye un desprecio a los problemas reales de los ciudadanos catalanes. Aunque los redactores de este desacato en forma de ley aseguran que a las veguerías se les asignaran los mismos recursos que, en la actualidad, reciben las diputaciones provinciales, lo cierto es que ocultan todo lo referente al coste del cambio, ya sea en comisiones de traspaso, contratación o bajas de trabajadores o informes técnicos. Y eso dando por hecho que la duplicidad de la administración será solo transitoria y que el Gobierno de Zapatero accederá a una modificación legislativa estatal –que deberá incluir, por cierto, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que se basa en la circunscripción provincial– para que la burla hacia el Tribunal Constitucional que se ha producido este martes en el parlamento autonómico quede menos descarada.


 

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