Tarde y a la fuerza, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, ha perdido su condición de diputado regional en aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó por desobediencia. La tormentosa sesión del Parlamento catalán en la que se ha consumado la desposesión de Torra, reflejo de la cainita división en el mundo separatista, hace presagiar que la legislatura autonómica tiene los días contados, con todo lo que eso lleva consigo.
El aparente desconcierto entre los secuaces de Torra y Puigdemont es solo equiparable al de Pedro Sánchez, obligado por las circunstancias a aplazar su claudicante encuentro con el primero, lacayo del segundo y tan golpista como él.
Pero este revés no debe confundir a nadie: Sánchez y sus aliados golpistas van a seguir adelante con sus planes.
Así pues, lo sustancial no es que el Parlamento regional de Cataluña haya despojado al presidente de la Generalidad de sus prerrogativas parlamentarias aplicando, por una vez, las sentencias de los tribunales sin tener que procesar a su presidente, el cobarde Roger Torrent. Lo verdaderamente trascendente es que esa decisión no cambia un ápice las intenciones de Sánchez de seguir adelante con su estrategia de rendición ante el golpismo separatista, con la única condición de que le permitan seguir empotrado en la Moncloa.
Sea quien sea el sustituto de Torra, Sánchez pretende seguir humillando al Estado ante la mafia separatista, que sigue por su parte con su sorda guerra intestina. El panorama es estremecedor, habida cuenta de que el Estado está en las peores manos, tanto en Madrid como en el Principado.