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EDITORIAL

Contra el desastre educativo progresista

El problema de las reformas de Rajoy no está en la dirección de las propuestas, que es la adecuada, sino en que estarán en vigor sólo lo que duren los populares en el poder.

Las líneas maestras del programa educativo del PP anunciadas por Rajoy apuntan en la buena dirección, pero pecan quizá de lo mismo que las decisiones tomadas por Aznar: falta de ambición. Es cierto, como ha recordado Esperanza Aguirre, que es en esta materia donde las "diferencias ideológicas y políticas" entre socialistas y populares son más pronunciadas; también es el campo en el que el fracaso de la progresía resulta más evidente. Quizá por eso decepcionen un poco las medidas anunciadas en la Conferencia de Educación del PP.

El problema no está, como decíamos, en la dirección de las propuestas, que es la adecuada. Bien está que se garantice por ley la enseñanza en castellano para quienes así desean recibirla, pero no estaría de más que se definieran los mecanismos que se utilizarán para obligar a las comunidades autónomas a respetar dicha ley, cuando resulta que sus propios códigos educativos, teóricamente, también garantizaban ese derecho.

También resulta imprescindible eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía, excusa de nombre rimbombante para adoctrinar a los niños y adolescentes en las creencias de la fe progresista, como si con las cadenas de televisión no fuera suficiente. Son los padres quienes tienen el derecho de educar a sus hijos como estimen oportuno y el deber de proporcionarles los saberes que necesitarán cuando sean mayores; es responsabilidad del Estado garantizar a los nuevos españoles los medios necesarios para lograrlo si los de sus progenitores no son suficientes. Pero sólo las teocracias y los regímenes totalitarios obligan a todos los alumnos a educarse en los mismos valores; las democracias han de respetar el ámbito de la moral como algo privado.

Pero un programa educativo no puede quedarse ahí, pues se limitaría a dejarnos en la situación en la que estábamos hace cinco o diez años. Y ya entonces era lamentable. El PSOE obtuvo un éxito notable no sólo pergeñando una reforma educativa como la LOGSE, hecha a la medida de sus prejuicios ideológicos, sino sobre todo logrando que ocho años de Aznar la dejaran básicamente intacta. Durante las dos legislaturas de los populares se diseñaron dos leyes que básicamente maquillaban el engendro: la primera no pudo aprobarse y la segunda fue derogada de facto mediante decreto-ley nada más llegar Zapatero al poder.

Para evitarlo, Rajoy propone una vía equivocada: un plan de diez años producto de un acuerdo con la oposición. Precisamente él, que tiene una amplia experiencia de gobierno, debería saber que los socialistas no toman estas propuestas como una oportunidad para el consenso, concepto que desconocen, sino para obligar al adversario a maquillar sus propuestas mientras no puede gobernar y destruir lo poco que se pudo avanzar cuando alcanzan el poder. ¿O ya no recordamos el Pacto por la Justicia?

En educación ha funcionado el "efecto trinquete", como denominó Sir Keith Joseph al proceso que fue hundiendo progresivamente a Gran Bretaña en el socialismo y la miseria crecientes, comparándolos a los engranajes que sólo permiten el giro en un único sentido. Cada vez que los socialistas dan un paso hacia la desaparición del esfuerzo y el mérito, se toma como un mínimo irrenunciable a partir del cual seguir avanzando, siempre en la misma dirección.

Thatcher no sólo le dio la vuelta a la situación económica de su país, sino que diseñó sus propios trinquetes que hacían casi imposible volver al pasado intervencionista. Eso es lo que debe proponer Rajoy: un sistema de cheque escolar que ponga completamente en manos de los ciudadanos la decisión de en qué colegio o instituto emplear el dinero de sus impuestos. Un poder así repartido entre millones de españoles no es tan fácil de recuperar para un Gobierno socialista como lo es cambiar una ley. Porque, si no se da ese paso, las reformas propuestas por Rajoy, aunque acertadas, estarán en vigor sólo lo que duren los populares en el poder.

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