Por más necesario que sea para España y para la libertad que Zapatero deje su cargo, sería absurdo cerrar los ojos y considerar que todo lo que haga es por definición malo o equivocado. Si el mejor maestro puede echar un borrón, incluso un Gobierno tan dañino como el socialista puede acertar de vez en cuando, como ha sucedido este viernes.
La resurrección del conflicto de los controladores se venía larvando desde el acuerdo alcanzado en agosto. El Gobierno había establecido que los controladores no podían hacer más de un límite máximo de horas al año, en parte para limitar la cantidad de horas extra que pueden cobrar, pero sobre todo como respuesta a la afirmación de que la tensión laboral de un trabajo en el que un error puede provocar una catástrofe obliga a estos profesionales a limitar sus jornadas. Los controladores adelantaron que con la cifra establecida los aeropuertos españoles se quedarían sin sus servicios antes de fin de año. ¿Podía ser que el Gobierno fuera tan chapucero de no saber hacer una suma?
La razón de la discrepancia está en que AENA ha contabilizado las horas máximas como horas efectivamente realizadas. Es la contabilidad lógica si se impone un límite para evitar precisamente que por hacer demasiadas horas se ponga en riesgo la seguridad. En cambio, los controladores consideran que el trabajo sindical, los permisos y las horas en que están disponibles para ser llamados en caso de ser necesario también debían contarse. Esta discrepancia amenazaba con provocar otra huelga, razón por la cual el Gobierno ha optado por aclarar la contabilidad y, por si las moscas, definir un modo mediante el cual pudieran defenderse de un posible chantaje de los controladores. Chantaje que ha tenido lugar de la manera más brutal posible, mostrando un desprecio tal hacia el resto de los ciudadanos que ha cogido por sorpresa incluso a quienes tienen la peor opinión del gremio.
Probablemente nadie en el Gobierno lo esperaba, pero aún así hubiera sido razonable esperar a un viernes menos conflictivo para aprobar el decreto. Pero el resto de su actuación ha sido mejor de lo que hubiera podido esperarse. Durante largo tiempo, muchos españoles hemos deseado que se imitaran las medidas que tomó Reagan en 1981 contra los controladores estadounidenses. Ante un chantaje similar, el presidente norteamericano no sólo despidió a todos los huelguistas, sino que prohibió que se les volviera a dar trabajo en el sector de por vida. Sin embargo, pudo hacerlo porque existía un plan preparado tiempo antes, existían controladores cualificados sin empleo para sustituir a parte de los despedidos y se había entrenado a los militares para asumir el control aéreo. La alternativa del Gobierno ha sido militarizar la profesión; habrá que ver si esta medida puede tomarse por decreto como se ha hecho, pero parece la más razonable dadas las circunstancias.
Los controladores no parecen ser conscientes de su situación real. Sus huelgas –legales, encubiertas o de celo– han afectado a la práctica totalidad de los españoles. Y después de lo que han hecho este viernes la opinión pública y publicada estará dispuesta a que el Gobierno tome cualquier medida en su contra, y cuanto más perjudicial para el gremio, mejor. Al igual que otros trabajadores como los del Metro de Madrid, los controladores se han aprovechado de su capacidad de tomar como rehenes a los viajeros para disfrutar de unas condiciones laborales muy por encima de lo que habrían conseguido en un mercado realmente libre. Aunque a corto plazo sea imprescindible ponerlos bajo órdenes militares, la única forma de detener el chantaje es la apertura a profesionales de otros países. La libertad, en suma.