La gestión de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno social-comunista ha sido objeto de numerosas denuncias ante los tribunales; como no podía ser de otra manera, habida cuenta del cúmulo de incompetencias, irresponsabilidades y falsedades que la han caracterizado.
La maquinaria de la Justicia, penosamente lenta de por sí, tiene ahora que superar también las restricciones derivadas del abusivo estado de alarma, tan del gusto del caudillo Sánchez. Pero aun así los jueces han comenzado la instrucción de las causas y a dictar providencias para acotar las responsabilidades que corresponda exigir a las autoridades que han intervenido en la crisis.
Es lo que ha hecho, por ejemplo, la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, que este lunes citó como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación ultrafeminista del 8 de marzo en la capital, pese a las alarmas que habían sonado dentro y fuera de nuestras fronteras.
Así pues, el socialista Franco tendrá que dar cuenta de los motivos que le llevaron a autorizar dicha manifestación, cuando el propio Ministerio de Sanidad había advertido del riesgo de "la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de covid-19".
La aclaración de cuándo y en qué circunstancias se autorizaron esas concentraciones es del máximo interés para dilucidar la responsabilidad del Gobierno. Además, estas primeras sentencias pueden servir de soporte jurídico para ulteriores iniciativas de familiares de los miles de fallecidos por el coronavirus, muchos de los cuales murieron en condiciones de abandono intolerables, sórdidas, en una soledad sobrecogedora.
La maquinaria judicial se ha puesto en marcha, sí, para consternación del Gobierno del socialista Pedro Sánchez y el comunista Pablo Iglesias, que han empezado a ordenar destituciones en un intento de minimizar la previsible tormenta de sentencias condenatorias por su catastrófica gestión de la pandemia.