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EDITORIAL

Crimen y castigo

Con sus palabras, llenas de sentido común, el padre de la joven asesinada ha dejado en evidencia ante Zapatero el abismo que a menudo separa al hombre de la calle y a nuestras élites políticas –y mediáticas-, sobre todo en el terreno de la Justicia.

"Los españoles dormimos igual si nos gobierna un rey o una reina pero no si nos falta un hijo en casa". Con estas breves palabras, llenas de sentido común, el padre de la joven asesinada Marta del Castillo ha dejado en evidencia ante el presidente del Gobierno el abismo que a menudo separa al hombre de la calle y a nuestras élites políticas –y mediáticas–, sobre todo en el terreno de la Justicia.

Y es que, junto a un protocolo de actuación policial para cuando desaparezca un menor que no obligue a estar 24 horas de brazos cruzados como ahora, y al cumplimiento íntegro de las penas, el padre de Marta ha pedido a Zapatero que se ponga en marcha un referéndum para implantar en España la cadena perpetua en este tipo de crímenes

Ciertamente, por grande que sea el malestar que nuestros dirigentes puedan haber inoculado en la ciudadanía respecto a la prelación del varón que otorga el tradicional orden de sucesión a la Corona, reflejado en nuestra Carta Magna, este no es nada comparado con el clamor social que demanda un endurecimiento de las penas que incluya la posibilidad de la cadena perpetua para crímenes especialmente horrendos como el que nos ocupa, tal y como ocurre, por cierto, en democracias con mucha mayor solera que la nuestra.

Es cierto que el artículo 25.2 de nuestra Constitución dice que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social". Sin embargo, deducir de ello una incompatibilidad insalvable con la cadena perpetua sólo depende de la interpretación que se quiera dar de la expresión "orientadas", utilizada por el legislador constitucional en el referido artículo.

En cualquier caso, nada impide afrontar una reforma constitucional, similar a la que ya ha planteado la plataforma de asociaciones cívicas "Por la concordia nacional y la reforma constitucional", que dé prioridad a la función disuasoria y punitiva de las penas, dejando de manera subsidiaria la cuestión de la reinserción para aquellos condenados que sean puestos en libertad tras un cumplimiento íntegro y efectivo de la pena a la que fueron condenados.

Emprender dicha reforma, lejos de satisfacer una pasional y demagógica reivindicación, supondría recuperar –o dejar clara– la función y el sentido original que, en un Estado de derecho, tienen las penas, que no por nada se llaman así. Ceñirse, por el contrario, exclusivamente en la función reeducadora de la pena, sería entregarse a una visión terapéutica, ajenas a consideraciones de Justicia, que podría llegar al absurdo extremo de que la pena de prisión de un asesino en serie supuestamente arrepentido fuera menor que la de un ladrón de poca monta que no hubiera dado síntoma de querer enmendarse.

Por otra parte, a pesar de su expresión literal, la cadena perpetua no es incompatible con revisiones, tras un largo periodo de internamiento, que pudieran facilitar alguna medida de gracia al final de la vida del condenado.

En cualquier caso, lo que los ciudadanos hemos transferido al Estado, en el metafórico "contrato social" en el que éste se basa, no es ninguna obligación de "curar" a nuestro agresor, sino el derecho a que se le castigue y disuada. Por ello, ya va siendo hora de que los políticos se pongan de acuerdo en las cuestiones que realmente nos quitan el sueño a los ciudadanos.


 

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