No por anunciada y conocida la liberación de Iñaki de Juana Chaos ha sido menos dolorosa para las víctimas del terrorismo y todos los españoles de bien. La excarcelación de este sanguinario terrorista se ha llevado a cabo el primer sábado de agosto tras un continuado goteo de noticias que confirmaban las peores sospechas y auguran un futuro incierto ante el supuesto cambio de rumbo tomado por el gobierno Zapatero.
No obstante, ni el comienzo del mes de vacaciones por excelencia ni el fin de semana han evitado que cientos de personas se echaran a la calle en toda España para exigir Justicia y mostrar su repulsa a la excarcelación. La imagen sonriente del terrorista junto a su mujer contrastaba con el sufrimiento de los familiares de sus víctimas a las que jamás podrán restituir sus vidas. Una estampa que recuerda a la ignominia que ya sufrieron cuando el Gobierno negociaba con la banda terrorista y concedía graciosos privilegios a un De Juana que fingía huelgas de hambre.
De los tres mil años que este vil asesino debería haber permanecido en prisión tan sólo habrá cumplido veintiuno. Esto implica que, por cada una de sus víctimas, habrá pasado, tan sólo, algo más de diez meses entre rejas. Una reducción de pena que ha sido posible gracias a una legislación buenista y al falseamiento documental de sus títulos académicos. De haber existido voluntad política, ambas causas podrían haber sido corregidas en su momento. En primer lugar, tal y como han señalado PP y UPyD, llevando a cabo las reformas legislativas necesarias para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas y no puedan reincorporarse a la sociedad a menos que se corroborae su arrepentimiento. Y, en segundo, permitir y alentar a la Justicia para que verifique el fraude documental que conllevaría el reingreso en prisión del terrorista De Juana.
Son muchos los adjetivos que podríamos encontrar para calificar la salida a la calle de este asesino con veinticinco muertos a sus espaldas pero, siendo repugnante uno de ellos, parece una muestra de hipocresía que sea el mismo Gobierno que consideró a Otegui un "hombre de paz" y amparó el mal llamado proceso de paz quien lo utilice en esta ocasión. Hipócrita porque mientras De Juana sale de prisión los socialistas continúan negándose a derogar la resolución del Congreso que ampara el diálogo con los asesinos. Hipócrita porque durante las negociaciones con los terroristas el Gobierno señaló a quienes descubrían sus mentiras como antipatriotas que entorpecían el final de ETA. Hipócrita porque los atentados terroristas que ahora se condenan entonces eran calificados por Zapatero como accidentes. Hipócrita porque de poco sirven ahora las apelaciones a la memoria y la dignidad de las víctimas cuando el Gobierno y sus apéndices mediáticos las sometieron a una campaña de acoso y derribo que nunca olvidarán.
Si bien las medidas de la fiscalía y la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado apuntan en la buena dirección, el Partido Popular no puede ni debe olvidar que fue Zapatero quien –en palabras de Mariano Rajoy- traicionó a los muertos al dialogar con ETA y estableció un precio político al fin del terrorismo. Si el Gobierno quiere demostrar su buena fe en la lucha antiterrorista los pasos a seguir son claros: mantener la presión policial contra el entramado etarra, emprender las reformas legislativas necesarias para que el cumplimiento íntegro de penas sea una realidad, terminar con los privilegios penitenciarios e instar a la fiscalía para que ilegalice a los apéndices políticos de los terroristas demostrando que la libertad y el respeto a la ley no son, bajo ningún concepto, negociables.