Dentro del Título IX del Código Penal, bajo la rúbrica de "delitos contra el honor", se incluye el artículo 205, que recoge el delito de calumnia. Dice nuestro código que calumnia es "la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad".
En este sentido, no cabe duda de que los estudiantes de la Universidad de Oviedo que recibieron al ex presidente del Gobierno José María Aznar al grito de "asesino" o "criminal" cometieron un delito de calumnias que sería perseguible si Aznar decidiera querellarse contra ellos.
Sería de esperar, pues, que el Gobierno, el poder del Estado encargado de hacer cumplir nuestras leyes, desaprobara o al menos no se alineara con unos delincuentes, ya que nada hay más esquizofrénico que declararte valedor de la ley y al mismo tiempo ovacionar a quienes la incumplen, de la misma manera que tampoco hay nada más peligroso para la libertad que utilizar selectivamente el monopolio de la compulsión que le corresponde al Ejecutivo.
No es que este Gobierno nos haya dado motivos para pensar que tiene una muy asentada fe en el respeto al Estado de Derecho. Al fin y al cabo, se trata de un Gobierno que ha tratado de socavar el entramado constitucional para mantenerse en el poder y que hace poco conocimos que hizo valer como un mérito propio ante ETA la comisión del delito de colaboración por banda armada.
Pero aún así, no cabe presuponer que la actitud estándar de los miembros del Gabinete será la de posicionarse con el delincuente, por muy afín que éste sea desde un punto de vista político e ideológico. Sin embargo, el PSOE no deja de degenerar y de mostrar, siempre que puede, su nulo respeto a las instituciones y a las libertades de los españoles garantizadas por el sometimiento a la ley de todos los ciudadanos y poderes públicos. Así, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, optó por defender a los delincuentes que calumniaron a Aznar bajo el pueril y demagogo argumento de que una sociedad pluralista debe basarse en el respeto a las opiniones ajenas y que éstas deben contrastarse desde el diálogo y no desde el insulto, en clara referencia al gesto que dedicó Aznar a la turba universitaria.
Al margen de que De la Vega parece olvidar que quienes primero insultaron y quienes primero deben ser reprendidos son los estudiantes que calumniaron Aznar, y al margen de lo que cada cual opine de un gesto que también han realizado otras personalidades como el propio Rey Juan Carlos (sin que entonces escucháramos críticas del Gobierno), ambos hechos no son equiparables: llamar asesino a Aznar es un delito de calumnias; el gesto de Aznar podrá ser, como mucho, de mal gusto, pero en ningún caso delictivo.
Ante esa disyuntiva, De la Vega no duda en colocarse del lado del delincuente y frente a la víctima, en este caso Aznar. Muy desafortunada elección que desde luego debería inhabilitarla como segunda autoridad dentro de un Gobierno que, a tenor de sus últimas iniciativas, debería sufrir en breve una crisis. Esperemos que si la purga finalmente se produce, sirva para eliminar a una parte de los peores ministros, entre los que, pese a la muy feroz competencia, se encuentra De la Vega. Pero con Zapatero todo es posible, incluso que la premie con más competencias gracias a los buenos servicios prestados a la izquierda extrema y antisistema.