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Defender a España en Cataluña

Aplicando reglas iguales para todas las administraciones territoriales, como exige la Constitución, también se defiende a España en Cataluña.

EDITORIAL
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Sin el esfuerzo solidario del resto de los españoles Cataluña sería a estas alturas una región quebrada, con una ruina financiera superior a la que ahora mismo padece Grecia. Esta es la realidad, por más que el ejecutivo convergente lleve años mintiendo a los catalanes con la estupidez de que España les roba. En concreto, tal y como hemos demostrado en nuestra sección "Libre Mercado", la liquidez extra inyectada por el gobierno de España a la administración que preside Artur Mas asciende a 11.687 millones de euros solo en 2012, mientras que el apoyo del FROB a las cajas catalanas ronda los 5.817 millones. Así pues, los españoles hemos transferido a la Generalidad de Cataluña más de 17.500 millones tan sólo en el presente ejercicio, o lo que es lo mismo, un 64% más de lo presupuestado por el gobierno autónomo catalán para hacer frente a los gastos de 2012.

Semejante esfuerzo compartido, por su carácter extraordinario, no puede archivarse como un apunte más en la gestión cotidiana de las finanzas del Estado. Muy al contrario, la gravedad de la situación económica por la que atraviesa el país y la necesidad de que las administraciones controlen su déficit en los términos acordados, suponen una exigencia añadida a la que ningún organismo puede sustraerse, y mucho menos el gobierno catalán, el más derrochador de los diecisiete miniestados que padecemos todos los españoles.

Está bien que Rajoy pretenda restablecer sus relaciones institucionales con Artur Mas, pero no a costa de relajar los requerimientos que se han establecido con carácter general a todas las administraciones. Si el nuevo gobierno catalán quiere seguir manteniendo su autonomía presupuestaria deberá obedecer los mandatos del ejecutivo, es decir, ni más ni menos que el resto de comunidades autónomas, porque aplicando reglas iguales para todas las administraciones territoriales, como exige la Constitución, también se defiende a España en Cataluña.

Esa igualdad de todos los españoles y sus instituciones periféricas es, entre otras cosas, lo que defiende el partido de Albert Rivera y que tanto parece molestar a la secretaria general del PP en Cataluña. Alicia Sánchez Camacho, partidaria de nuevos privilegios financieros para la Generalidad, ha tachado a Ciutadans de ser una franquicia del PSOE, pero en unos momentos tan graves para la unidad de España como los que atravesamos, acudir a la precisión ideológica para desvirtuar a un rival político carece de sentido. De hecho, a tenor de la política económica del gobierno de la propia señora Sánchez Camacho, pocos partidos hay más socialistas en estos momentos que el propio PP. En todo caso, si el Partido Popular de Cataluña no hubiera dejado a un lado sus señas clásicas de identidad no se sentiría amenazado por un pequeño partido como C’s, que no hace más que recuperar el mensaje nacional, solidario y vertebrador que un día enarboló Vidal Quadras en el PPC.

Lo importante es defender a España y hacerlo por igual en todo el territorio nacional. El PP puede y debe hacerlo, exigiendo a Cataluña los mismos esfuerzos que al resto de regiones y, de paso, recordando a Sánchez Camacho el discurso político que el Partido Popular de Cataluña jamás debió abandonar.

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