La ley en defensa del castellano fue una de las promesas estelares en la pasada campaña electoral y una de las pocas ideas –junto con el contrato de integración de inmigrantes– en que le tomó la delantera al PSOE, obligándolo a defenderse e ir a remolque. Y es que una parte considerable del electorado socialista no comparte la obsesión de su presidente de apoyar de manera inquebrantable las multas por rotular en castellano o la erradicación de la lengua común de las aulas pagadas con dinero de todos.
Por tanto, resulta una buena noticia constatar que el PP no ha olvidado sus promesas electorales tras su derrota y tiene un texto casi listo para presentar en el Congreso de los Diputados. Pese a ser minoría y contar, previsiblemente, sólo con el apoyo de UPyD, esta iniciativa obligará al PSOE a retratarse una vez más. En un momento en que su imagen y sus apoyos están seriamente dañados por su pésima gestión de la crisis económica, recordar una de las más importantes razones por las que no se debería volver a votar a Zapatero nunca está de más.
No obstante, es de temer que esta iniciativa se quede en un mero gesto sin mayores consecuencias. Del propio PP depende que no sea así. Ana Mato ha recordado que a pesar de que el nacionalismo fomente "la exclusión" y la imposición de las lenguas cooficiales, "en el caso de Cataluña es el Partido Socialista el que lo hace". Ha olvidado que el PP ha hecho exactamente lo mismo tanto en regiones donde ha tenido el Gobierno y lo ha perdido –Baleares y Galicia– como en la Comunidad Valencia, donde ha afianzado su liderazgo sobre el resto de las fuerzas políticas.
Bien está que se exija el respeto a la lengua común desde un texto legal presentado en la sede de la soberanía nacional, pero poca credibilidad ostenta quien lo apoya al mismo tiempo que practica su violación en sus tareas de Gobierno. Es hora de que Camps presente un texto similar en el parlamento valenciano y lo aplique, cambiando las rotulaciones públicas por otras bilingües y garantizando el derecho de los padres a que sus hijos sean educados en castellano si así lo desean, por más que vivan en una zona en que la mayoría hable valenciano.
Sólo desde la coherencia puede exigírseles responsabilidades a las demás fuerzas políticas. El PP debería examinar antes lo que ha hecho y sigue haciendo en algunas comunidades autónomas si quiere que los ciudadanos crean a los populares cuando presentan iniciativas tan necesarias como esta ley. En caso contrario, parecerá que actúan a remolque del manifiesto por la lengua común, y que actúan para capitalizar su éxito.