Es escandaloso que la mayoría de los medios privados y la totalidad de los públicos se dediquen a desvirtuar la oferta política de Vox y a pintar a esta formación liberal-conservadora de acreditada lealtad al ordenamiento constitucional como si de un partido homófobo, machista, xenófobo, anticonstitucional y fascista se tratase. Pero más inadmisible aún es que la radiotelevisión pública lo haya excluido de los debates que tiene previsto celebrar con ocasión de las elecciones del 28-A y, sobre todo, que la Junta Electoral Central (JEC) haya dejado en suspenso el debate que Atresmedia tenía previsto celebrar entre los candidatos de PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos y el propio Vox.
La excusa dada por la JEC para tomar tan arbitraria como antidemocrática decisión pretende sostenerse en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), a pesar de que en él no hay absolutamente nada que impida al candidato de una formación como Vox concurrir a un debate así. Por el contrario, lo único que señala dicho artículo es que las televisiones públicas y privadas "deberán respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales, así como en la información relativa a la campaña electoral", cosa que, más bien, haría imperativa la inclusión de un partido como Vox, al que incluso los sondeos más cicateros colocan entre los cinco más votados.
No menos artera es la invocación que hace la JEC de su propia directriz –instrucción 4/2011– que trata de concretar la "proporcionalidad" a la que se refiere el citado artículo 66 de la Loreg; pues lo cierto es que lo único que dictamina es que se tiene que dar –no quitar– "cobertura informativa" –que incluye pero no se reduce a los debates– a las formaciones políticas que en comicios previos equivalente hayan obtenido al menos un 5% de representación parlamentaria.
Así las cosas, y teniendo presente la amplísima cobertura que los medios públicos y privados otorgan a los separatistas catalanes –videoconferencias del golpista Junqueras desde la cárcel incluidas–, ningún agravio supone para ellas que se incluya a Vox en los debates electorales. Más aun si se tiene en cuenta que los candidatos de Podemos y Ciudadanos participaron en 2015 en un debate a cuatro –junto a representantes de PP y PSOE– sin tener entonces, como no tiene ahora Vox, representación en el Congreso y no habiendo obtenido, en el caso de Cs, un porcentaje de representación en las anteriores elecciones europeas superior al mencionado 5%. Para colmo, UPyD, que sí tenía grupo propio, fue excluido de dicho debate.
Ya resulta lamentable que el "pluralismo" y la "proporcionalidad" en que se fijan los miembros de la JEC remita a comicios pasados y no a lo que se desprende de los más recientes sondeos, que si pecan de algo es de minusvalorar al partido que lidera Santiago Abascal; más aun cuando dicha arbitrariedad tiene por coactivo objetivo a medios de comunicación privados que deberían tener plena libertad para organizar los debates que consideren oportunos en función de sus propios criterios de pluralidad y proporcionalidad. En cualquier caso, nada impedirá que muchos ciudadanos den voz en las urnas a quienes los medios de comunicación, con la complicidad de la JEC, tratan de silenciar o tergiversar.