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EDITORIAL

Del chivatazo a la prevaricación

La vomitiva oferta de Benítez a los terroristas demuestra hasta qué punto eran ciertas las, no por más genéricas menos repugnantes, palabras del propio Zapatero cuando antes de la tregua dijo que con ella "todo tendrá cabida, tenga el alcance que tenga".

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Que el actual vocal del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez, debería haber dimitido o cesado de su cargo, y haber sido citado para testificar ante otro juez que no fuera su amigo Garzón por el caso del chivatazo policial a ETA, es algo que hemos reclamado desde el mismo momento en que supimos que Benítez, como representante de Zapatero en las pasadas negociaciones con ETA, había presentado a los terroristas ese delito de colaboración con banda armada como prueba de la voluntad negociadora del Gobierno.

Por si esto fuera poco, este miércoles hemos sabido, también por el diario El Mundo y por los documentos que transcriben las reuniones de los representantes del Gobierno y ETA celebradas a mediados de diciembre de 2006 en Oslo, que Benítez también ofreció a los terroristas el compromiso del Gobierno de trabajar en pro de la impunidad de Jarrai y del PCTV.

Sin que se interprete como falta de consideración ni de agradecimiento a nuestros compañeros de El Mundo por su valiosísima revelación, hemos de añadir, no obstante, que esta no viene sino a demostrar hasta qué punto era cierta la información que publicaba El País el 22 de mayo de 2005, cuando, citando "fuentes socialistas", aseguraba que el Gobierno, "por una tregua cuanto antes", estaba dispuesto, no sólo a buscar una "solución a la situación de los presos" –léase impunidad–, sino también a "incluir a la izquierda abertzale" –es decir, a los representantes políticos de la banda– en las negociaciones para "superar" el Estatuto de Guernica. Ni qué decir tiene que ningún representante del Gobierno salió entonces a desmentir tan infames compromisos adquiridos.

Y es que la transcrita y vomitiva oferta de Benítez a los terroristas demuestra también hasta qué punto eran ciertas las, no por más genéricas menos repugnantes, palabras del propio Zapatero cuando poco antes de la tregua también manifestó que a cambio de ella "todo tendrá cabida, tenga el alcance que tenga".

Y ciertamente lo tuvo: dejando al margen la "solución a la situación del preso" Iñaqui de Juana Chaos, a la que el Gobierno también se puso manos a la obra una vez llegada la tregua, la Audiencia Nacional ya se descolgó poco antes del alto el fuego con una sentencia que, contra todo pronóstico y contra todo lo establecido con anterioridad, había considerado que los delitos por kale borroka o lucha callejera constituían una simple asociación ilícita y no colaboración con banda armada. Uno de sus firmantes era el amigo de Garzón, Santiago Pedraz.

Una vez llegada la comprometida tregua, el Gobierno de Zapatero y la Fiscalía General del Estado, además de sus reiteradas y bochornosas llamadas a jueces y fiscales para que tuvieran presentes "las nuevas circunstancias" y para que sus "togas no eludieran el polvo" de aquella sucia paz, dijeron no tener pruebas suficientes para promover la ilegalización de PCTV. Y lo dijeron a pesar de las numerosísimas pruebas que la policía tenía de su relación con Batasuna y a pesar de que el propio Otegui se había apropiado tan ufana como públicamente de la representación parlamentaria obtenida por él.

El caso es que, tal y como ahora sabemos que Benítez se había comprometido con los terroristas, el PCTV no fue considerado como un apéndice de ETA. Y no lo fue gracias a la pasividad de la Fiscalía y también gracias a que Garzón mantuvo congelado un sumario contra los dirigentes de este partido contra el que no se procedió hasta que ETA dio por concluida su tregua.

Es cierto que el Supremo terminó revocando el criterio de la Audiencia Nacional respecto a Jarrai, estableciendo que ésta sí era una organización supeditada a ETA. Sin embargo, este hecho no desmiente el compromiso de Benítez con los terroristas. En primer lugar porque la sentencia del Supremo se produce ya dos meses después de la ruptura oficial que supuso el atentado en la T-4. Y en segundo lugar, porque una cosa es que el representante de Zapatero asegurara a los terroristas que "nuestro interés es que (Jarrai) no sea considerada parte de ETA y estamos intentando negociar sobre este asunto", y otra muy distinta que el Supremo accediese a ello.

Lo repugnante de todo esto es que un representante del Gobierno que conocía la vinculación del PCTV y de Jarrai con ETA hasta el extremo de tratar de tranquilizar a los terroristas prometiendo la impunidad de ambas formaciones, ocupe actualmente además un cargo en el Órgano de Gobierno de los jueces.

Ante hechos de tan suma gravedad, que no han tenido el menor desmentido por parte de Benítez, ya va siendo hora de que el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, el mismo que en su día tuvo la valentía y el acierto de referirse a los ya mencionados llamamientos del Gobierno y de Conde Pumpido a jueces y fiscales como si de una "incitación a la prevaricación" se trataran, tome cartas en el asunto y promueva el cese inmediato de este representante de un Ejecutivo envilecido cuya presencia ahora envilece al Gobierno de los Jueces.


 

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