La inauguración oficial este lunes del nuevo curso judicial no ha podido evitar la polémica desatada por el anunciado boicot del PSOE y de Jueces para la Democracia, por mucho que sus representantes, finalmente, sí hayan acudido a este acto institucional presidido por el Rey.
Este abortado plante, justificado horas antes por sus promotores y hasta por el mismísimo ministro de Justicia, en protesta por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, suponía sin embargo una iniciativa más propia de minorías radicales y antisistema que de un partido que ocupa el Gobierno de la nación. Tal vez sea, precisamente, porque la forma de boicot dejaba al descubierto la radicalidad de fondo que anima los proyectos del PSOE y sus aliados nacionalistas de cara a renovar el CGPJ por lo que los representantes socialistas han dado, finalmente, marcha atrás.
Si los socialistas y la minoritaria asociación Jueces para la Democracia no tenían razón en la forma, tampoco la tienen en el fondo de su protesta. Para empezar, hay que recordar que fueron los socialistas los que, en tiempos de González y al grito de "Montesquieu ha muerto", suprimieron un sistema en el que era la propia judicatura la que designaba a la mayoría de los vocales del Poder Judicial, para sustituirlo por otro, mucho más politizado, en el que esa mayoría la fijaba el poder legislativo. Bien es cierto que el PP en el Gobierno –vergonzosamente– no hizo nada por restablecer la división de poderes, mucho más acorde al espíritu y la letra de nuestra Carta Magna. Pero, por lo menos, el Gobierno de Aznar firmó un Pacto por la Justicia con el principal partido de la oposición, principal alternativa de gobierno, con el que acordó la designación de los vocales.
La llegada al poder de Zapatero, por el contrario, ha supuesto el intento de llevar la marginación del PP hasta al terreno judicial por parte de un Gobierno que no ha dudado en tener como socios a formaciones abiertamente independentistas, hasta el extremo de tener durante un tiempo a la propia ETA de compañera de viaje.
La falta de consenso y de renovación del CGPJ, en este sentido, no obedece más que a ese permanente empeño de aplicar al PP ese "cordón sanitario" que ya se plasmara en el pacto del Tinell. Si los nacionalistas –incluido CiU– han apoyado en el pasado a vocales del CGPJ como el delincuente Pascual Estevill o al chalado de Alfons López Tena, que acaba de denunciar un "genocidio" en Cataluña por parte del Estado español, imagínense lo criticable que es, por parte de los socialistas, dar prioridad a las demandas y al consenso con formaciones nacionalistas cada vez más radicalizadas.