Mientras Rajoy y sus ministros siguen sin atreverse a concretar, pública y abiertamente, cómo piensan impedir una nueva consulta secesionista en Cataluña, fuentes gubernamentales han asegurado este miércoles a numerosos medios de comunicación que el Ejecutivo "no descarta recurrir a medidas coercitivas" para forzar el cumplimiento de la ley en esa comunidad autónoma, cuyos gobernantes –conviene recordar– vienen declarándose en rebeldía desde el año 2012.
Ni que decir tiene que ninguna de esas medidas pasa por suspender la autonomía ante tan clamorosos y gravísimos delitos de desobediencia; ni siquiera consisten en condicionar la financiación extraordinaria del FLA a un público e inmediato acatamiento del orden constitucional por parte de los gobernantes regionales; ni siquiera en advertir, al menos, de las consecuencias penales que tendría el perpetrar una nueva consulta separatista ilegal, cuya financiación ya contemplan los presupuestos autonómicos de este año.
No. A lo más que llegan las "fuentes gubernamentales" es a decir que se baraja "precintar los colegios electorales", incluso "tomar el control de la Consejería de Educación". Y mientras La Moncloa sigue empeñada en hacer creer a la ciudadanía que "lo planeado ahora nada tiene que ver con lo ocurrido en 2014".
Esas "fuentes de Moncloa" quieren que se olvide que el Gobierno de este irreconocible PP ya fracasó en 2014 a la hora de impedir lo que Rajoy había asegurado que no se iba a producir. Pero que digan ahora que la consulta del 9-N "estaba convocada por asociaciones independentistas sin un Gobierno detrás dando soporte" es una colosal mentira que sólo trata de justificar la pasividad de Rajoy, y que para colmo deja en pésimo lugar el proceso judicial abierto contra Mas, Ortega y Rigau.
Ante estas informaciones, resulta patético que Rajoy se haya atrevido a considerar "absurdo que alguien pueda decir que algo que es ilegal se pueda celebrar. Eso no tiene sentido". Lo que es absurdo, si se tiene en cuenta la multitud de delitos que a diario se perpetran en España, es considerar que algo no se pueda producir por el mero hecho de que sea ilegal. Lo cierto es que los secesionistas catalanes han cruzado hace años y a la vista de todos la línea roja de la legalidad, por mucho que el Estado no se atreva a considerarlos como los golpistas que son. Lo cierto es que la consulta secesionista del 9-N se celebró, por mucho que fuera tan ilegal como la que se pretende celebrar este año.
En cualquier caso, tan bochornosa y timorata respuesta, tanto del Gobierno como de sus fuentes, al gravísimo desafío al ordenamiento jurídico que nuevamente plantean los separatistas catalanes sólo puede ser considerada "proporcional" por esa indolente y mediocre clase política y mediática española que confunde proporcionalidad con tibieza; la misma que desde 2012 quita gravedad a lo que está pasando en Cataluña para excusar que el Gobierno de la Nación jamás haya reaccionado ante ella con proporcional contundencia. Es esa misma clase política y mediática que avaló a Rajoy cuando en 2014 dijo que tenía preparadas "todas las medidas" para impedir la consulta del 9-N; y la misma que las calificó de "proporcionales" aun cuando habían acreditado su inutilidad para impedir que la consulta se celebrara.
El futuro, es verdad, siempre está abierto. Pero es harto dudoso que el ordenamiento constitucional en Cataluña sea restablecido mientras el Gobierno tenga más miedo a hacer cumplir la ley que el que tienen los separatistas a violarla.