No es ningún secreto que el actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, no sólo participa ideológicamente en el proyecto de Chávez de dominación totalitaria de Iberoamérica, sino que ha ido siguiendo el manual del gorila rojo. Tras triunfar en las elecciones con un mensaje populista y una campaña financiada en parte por las FARC, procedió a hacerse una Constitución a la medida para perpetuarse en el poder y así ir implantando poco a poco una tiranía de corte comunista.
La crisis actual nace de la cada vez más acuciante falta de fondos de los estados socialistas financiados con el petróleo. La fuente de poder de este socialismo del siglo XXI, además del miedo, es el reparto de una parte del oro negro venezolano. Y acuciado por esa falta de fondos, Correa cometió una ilegalidad que, además, era un error. Vetó, como corresponde según la Constitución que se hizo a sí mismo, una nueva ley, para después eliminar de la misma ciertos extras que recibían policías y militares, algo a lo que no tenía derecho.
Las protestas se sucedieron y Correa encendió aún más los ánimos acudiendo a donde se concentraban para poner a caer de un burro a los manifestantes. Poco después, mientras estaba en un hospital, éste fue cercado por un grupo de policías. En su interior, Correa ordenó la censura de todos los medios privados y, pese a que no existía ningún poder en el país –tampoco la Policía– que hubiera intentado quitarle el poder, procedió a denunciar que intentaban apartarle del poder. Naturalmente, Moratinos compró esa versión inmediatamente y procedió a condenar el "intento de golpe de estado en Ecuador". No fue tal.
Durante las horas que la Policía mantuvo retenido a Correa, el caos se apoderó de un país en el que se abandonó a los ciudadanos a su suerte, sin ningún tipo de orden público. La situación se mantuvo así durante horas, sin que los ecuatorianos recibieran más información que la propaganda de los medios afectos al régimen, con el presidente recibiendo a ministros que salían y entraban del hospital, hasta que finalmente el Ejército procedió a sacarlo del hospital donde se encontraba.
Naturalmente, ni la Policía ni ningún otro tiene derecho a mantener secuestrado a nadie, y muchos menos a un presidente, para forzarle a negociar. Pero eso no es un golpe de estado, pues no ha habido intento de hacerse con el poder, y desde luego no es ninguna maniobra por parte de la oposición de derrocarlo. Correa ha salido muy reforzado del episodio, y parece improbable que no aproveche la ocasión para aumentar aún más su poder y sojuzgar lo que quede de oposición y sociedad civil en Ecuador. Por de pronto ya ha anunciado la depuración de los cuerpos policiales y empezado a acusar al ex presidente Lucio Gutiérrez de instigar el episodio.
Lo primero que debemos celebrar todos es la restauración del orden, algo de lo que sin duda se alegran todos los ecuatorianos de bien, voten a quien voten. Pero también habrá que estar preparados ante los inevitables intentos de Correa de afianzar su poder, como hiciera Chávez en 2002 dotándose de poderes extraordinarios tras el –ese sí– golpe de estado o mucho antes que ellos los nazis tras el incendio del Reichstag. El "socialismo del siglo XXI" no ofrece nada realmente distinto al del XX: miseria y terror. La revuelta permitirá a Correa regalar con más prodigalidad ambas a los ecuatorianos.