Dos semanas después de que el ministro de Minas y Petróleos de Ecuador confirmase la existencia de "acuerdos previos" entre Repsol YPF y su Gobierno, el presidente Rafael Correa anunciaba la expulsión de la compañía hispano-argentina de su país. Muy distinta ha sido la suerte de la brasileña Petrobras, que mantendrá sus explotaciones en Ecuador justo en la misma zona operada por Repsol al aceptar las condiciones impuestas por su Ejecutivo de Quito.
El mismo día, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el dictador Raúl Castro firmaban en La Habana un contrato entre Petrobras y la compañía petrolera cubana, la también estatal Cupet. En cuanto a la francesa Perenco, su situación es incierta y también podría ser objeto de las iras del mandatario ecuatoriano.
De esta forma Correa, cuya gestión ha estado marcada por la ineficacia económica, el autoritarismo y los guiños constantes a unas fuerzas armadas cuyos niveles de corrupción e ingerencia en la vida política del país no han hecho sino aumentar en los últimos años, avanza en su proyecto socialista. Camuflado de patrioterismo trasnochado, el régimen instaurado por el caudillo populista está acabando con las libertades de los ecuatorianos, además de vaciarles los bolsillos para beneficiar a la variopinta camarilla de espadones, revolucionarios y empresarios oportunistas que le apoya, y en la que destaca el constructor Derlis Palacios, actual ministro de Minas y Petróleos y anterior responsable de la Secretaría de Coordinación Institucional del presidente de la República.
Esta política de provocaciones gratuitas y de expulsión selectiva de empresas extranjeras (el pasado mes de agosto, la norteamericana City Oriente decidió salir del país ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno) es coherente con el proyecto falazmente denominado "soberanista" que Correa defiende, una absurda vuelta a los peores tiempos de la dictadura militar de los años 70 del siglo XX, provocada precisamente por el deseo de las fuerzas armadas de beneficiarse del descubrimiento de yacimientos petrolíferos en el país.
El caso Repsol demuestra que, lejos de modernizar y democratizar el país, el presidente Correa ha colocado a su pueblo bajo la dominación de una coalición de falsos empresarios beneficiados por sus contactos con ciertos políticos y militares salva patrias cuyo único objetivo es adueñarse del país mediante una tóxica combinación de nacionalismo exacerbado y caduca retórica pseudomarxista. Una triste vuelta atrás que se produce de forma paralela a la que sufren venezolanos y bolivianos.
Es lamentable que, ante todo esto, el Gobierno español no haya movido un dedo para defender a los trabajadores y accionistas de Repsol, sin duda los primeros perjudicados por la probable confiscación de los bienes de la corporación en Ecuador. A este respecto, las declaraciones de Rodríguez Zapatero en la Cumbre Iberoamericana de El Salvador, donde horas antes del anuncio de la expulsión de Repsol afirmaba que la empresa y el Ejecutivo ecuatoriano seguirían negociando, son prueba fehaciente del estado de postración de una política exterior que no merece ser calificada de tal. Mucho nos tememos que, ante la cobardía y la parálisis de nuestro Gobierno, el episodio ecuatoriano no sea el último ataque a los intereses españoles en el extranjero. Los viajes de Zapatero no sólo no sirven de nada, sino que comienzan a salirnos demasiado caros. Casi sería mejor que se quedase en casa y dejase de hacer el ridículo fuera.