Se cumple un año de las masivas manifestaciones del feminismo radical, promovidas por el Gobierno a pesar de que ya contaba con datos fehacientes que demostraban el riesgo pavoroso de autorizar tan ingentes concentraciones ciudadanas. El 8-M de 2020, es un hecho, disparó los contagios en toda España y llevó a la Sanidad, desprotegida por la inacción de un Ejecutivo repleto de incompetentes, a una situación límite que desembocó en unas cifras de contagios y fallecidos muy superiores a la del resto de países desarrollados.
La primera fila de la principal concentración feminista del año pasado, celebrada en Madrid, estuvo ocupada por la mujer del presidente del Gobierno y no pocas ministras, casi todas las cuales resultaron contagiadas. Se cumplía así el vaticinio lanzado por los expertos del propio Ejecutivo, cuyos informes de Inteligencia ya alertaban desde hacía varias semanas del riesgo de permitir eventos multitudinarios. La propia OMS venía advirtiendo desde finales de enero de que estábamos ante una terrible pandemia de consecuencias probablemente devastadoras para la salud y la economía, pero nada de eso hizo mella en la actitud cerril de los izquierdistas radicales encaramados al Gobierno, que utilizaron su posición para autorizar y promover unas convocatorias callejeras que iban a su favor y en contra de los partidos de la oposición.
Mención aparte merece el genuflexo Fernando Simón, que en una demostración bochornosa de sumisión ideológica alentó las algaradas ultrafeministas, a sabiendas del terrible riesgo que iban a suponer para todos los participantes.
Cien mil compatriotas muertos después, Sánchez da orden de prohibir las marchas del feminismo izquierdista, lo que supone una confesión involuntaria de culpabilidad por no haber hecho lo mismo el 8 de marzo de 2020, cuando ya había muertos en Europa, eventos mundiales como el Mobile World Congress se habían cancelado y todas las alertas estaban disparadas al máximo nivel por lo que se nos venía encima.
El Gobierno socialcomunista, muy a su pesar (solo hay que ver la rabieta infantil de Irene Montero y sus colegas podemitas), ha decidido este año no autorizar las movilizaciones radical-feministas, lo que supone un doble beneficio: Además de preservar la salud de todos, nos evitaran la vergüenza ajena de asistir a unas algaradas que, en lugar de reivindicar una igualdad ya existente, dan cabida a todo tipo de eslóganes liberticidas en contra de la tradición judeocristiana, los derechos individuales y el libre mercado, precisamente las instituciones que más han hecho para alcanzar la igualdad de que disfrutamos todas las personas en una democracia liberal.