La absurda bola de nieve en que se había convertido la acusación contra Camps por haber recibido unos trajes parece haberse estrellado contra el muro de la Justicia. Ya defendimos en su momento que el principal responsable de haberla alimentado ha sido el propio presidente de la Generalidad Valenciana, al negar haber recibido regalo alguno de la trama de correa. Si en lugar de aparecer ante la prensa rodeado de la plana mayor de su partido, hubiese reconocido que había recibido un regalo –aunque los trajes lo hubiera pagado él–, para pagar a continuación su importe y pedir perdón a la opinión pública, su carrera política no se habría visto en peligro.
El auto del TSJCV que archiva la causa deja sin dilucidar sin Camps mintió o no a la opinión pública al asegurar que pagó sus trajes, aunque al menos es más ecuánime que el del juez Flors al no dar por sentada la veracidad de la declaración de un José Tomás –el falso sastre– que ha cambiado su versión de los hechos en demasiadas ocasiones. Es éste un asunto importante, quizá el más crucial de todos, pues ante la relativa baja cuantía de los trajes y el reconocimiento por parte de todas las instancias judiciales que Camps no favoreció a la trama de Correa, tan sólo el haber mentido podría obligar al presidente de la Generalidad Valenciana a asumir responsabilidad políticas.
En cualquier caso, al margen de lo que pueda dictaminar el Supremo más adelante, la interpretación de los jueces sobre el delito de cohecho pasivo –en la que se exige una relación de causalidad del regalo con la contraprestación del político– parece la más razonable. Al igual que sucede con el delito de prevaricación, cuando no va acompañado de un cohecho cuantificable, la interpretación más estricta obligaría a ponerse en la mente de quien regala algo a un político para averiguar si lo está haciendo "en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente". Algo a todas luces imposible de probar con los datos que tenemos encima de la mesa. De hecho, a la vista de algunas de las conversaciones telefónicas filtradas a la prensa afín al Poder, cabría pensar que Camps tenía o creía tener una relación de amistad con "El Bigotes", por lo que de ser los trajes un regalo podría haberlo aceptado sin pensar que se lo hacían por ser presidente de la Generalidad Valenciana.
En cualquier caso, políticamente resulta mucho más grave el uso que se ha hecho del secreto del sumario para filtrar interesadamente las conversaciones de Camps que el propio caso de los trajes. No hay que olvidar que toda grabación supone un ataque a los derechos del espiado, de ahí que para evitar abusos sólo puedan ser realizadas con autorización del juez. Que esas conversaciones se hayan hecho públicas para atacar a un miembro de la oposición al Gobierno que controla a la Policía –que las realiza– y la Fiscalía –que tiene acceso a ellas– obliga al Ejecutivo a dar muchas explicaciones y, desde luego, a investigarlas con mucho más interes del que ha demostrado hasta el momento. No es de recibo que se violen los derechos individuales con intenciones políticas; la causa podrá archivarse, pero la intimidad de Camps nunca podrá ser restituida.
Que el PSOE –condenado a pagar las costas– anuncie que recurrirá el auto es comprensible. Más discutible es que lo haga la Fiscalía, especialmente cuando quien anuncia esta decisión es la presidente del Gobierno en funciones, De la Vega, que tiene un claro interés político en que Pumpido ejerza de abogado de los socialistas, y no de defensor del interés público. Un Fiscal General del Estado que tuviera algo de vergüenza dimitiría después de haber quedado demostrado que su puesto teóricamente independiente sólo sirve para obedecer las órdenes que llegan desde el Ejecutivo. O al menos intentaría reivindicarse investigando de verdad las filtraciones. Por supuesto, no cabe esperar ni una cosa ni la otra por parte de Conde Pumpido.
En cualquier caso, quien más razones tiene para sentirse satisfecho es Rajoy. Una vez archivada la causa contra Camps y "apartado temporalmente" de su cargo el tesorero Bárcenas, tiene las manos libres para hacer oposición de verdad, por más que desde los medios afines al Poder continúe el juicio paralelo. Desgraciadamente,no parece dispuesto a hacerlo. La oportunidad que está perdiendo también la perderán los españoles.