Ya vimos cómo las formaciones secesionistas catalanas respondieron hace escasas semanas a la oferta de negociación del gobierno de Sánchez y a su nauseabundo anuncio de traslado de los golpistas presos a cárceles catalanas: sometiendo a votación parlamentaria una resolución ilegal en la que se defendía "los resultados del referéndum del 1 de octubre" y en la que se proclamaba la "firme voluntad de llevar a cabo las actuaciones necesarias previstas y aprobadas por este Parlament para alcanzar y culminar democráticamente la independencia de Cataluña, frente a las actuaciones del Estado, mediante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Fiscalía".
Bien está que el Tribunal Constitucional haya declarado ilegal este martes este nueva resolución golpista; pero no deja de ser preocupante que no se quiera ver el delito de desobediencia o cuanto menos de prevaricación que el presidente del parlamento regional de Cataluña ha perpetrado al someter a votación una resolución que de forma tan abierta y confesa "reitera los objetivos políticos de la resolución del 9 de noviembre sobre el inicio del proceso político en Cataluña" –resolución que ya fue anulada en su día por el Tribunal Constitucional- y en la que también se reivindica un referéndum ilegal como el del 1 de octubre.
Con todo, si grave es la ocultación de los delitos ya perpetrados en esta fase del golpe de Estado catalán bajo liderazgo de Joquim Torra, más nauseabunda es la ocultación por parte del gobierno español del clima de agresiones, escarches y amenazas que padecen los no nacionalistas en Cataluña. No otra cosa ha hecho el presidente del gobierno español al negar la fractura social y las agresiones a políticos y ciudadanos no nacionalistas y al acusar a la formación de Albert Rivera de vivir "muy cómodos" en Cataluña.
Lo más patético de todo es que este intento de edulcorar la situación en Cataluña por parte del gobierno no ha hecho otra cosa que animar a los golpistas que este martes han sido muy claros en el Congreso al amenazar con la desobediencia si Sánchez no se aviene a negociar la celebración de una nueva y no menos ilegal consulta secesionista. Eso, por no hablar de la rotunda negativa del gobierno de Torra a asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por la ministra de Hacienda.
Pedro Sánchez, como digno sucesor de Mariano Rajoy y de Soraya Sainz de Santamaría al frente del gobierno, podrá empecinarse todo lo que quiera en la política del diálogo y del apaciguamiento frente al secesionismo catalán; pero es evidente que esta funesta política tendrá los mismos funestos resultados que la llevada a cabo por sus antecesores.