Pedro Sánchez prometió derogar la reforma laboral del PP en la moción de censura que le llevó a la Moncloa y repitió la promesa en las dos convocatorias electorales celebradas al año siguiente como uno de los ejes principales de la política económica de su Gobierno. Huelga decir que jamás cumplió su palabra, gracias a lo cual nuestro mercado laboral ha podido capear la pandemia del COVID sin desplomarse por completo, que es lo que hubiera ocurrido si se hubieran eliminado las medidas de flexibilidad laboral introducidas en su día por la ministra Fátima Báñez.
Los ERTE, por ejemplo, un mecanismo duramente criticado por la izquierda cuando estaba en la oposición, es hoy uno de los elementos esenciales que ha permitido a esa misma izquierda blasonar desde el Gobierno de proteger al empleado en momentos de dificultad como los atravesados durante la crisis sanitaria. Pero el proverbial sectarismo de la izquierda española no admite excepciones, por eso sigue poniendo en el punto de mira una de las reformas que más ha contribuido a mejorar la situación de los trabajadores que tanto dice proteger.
Los mensajes contradictorios del Gobierno socialpodemita son interpretados como la consecuencia de un intenso debate interno en el que habría posiciones diametralmente opuestas. Por un lado, el bloque socialista con Sánchez a la cabeza pretendería suavizar la contrarreforma socialpodemita, mientras que el sector chavista comandado por la comunista Yolanda Díaz sería partidario de borrar de un plumazo la obra legislativa del PP en materia laboral.
Sánchez, sencillamente, no puede eliminar las reformas introducidas por el último Gobierno de Rajoy porque la Unión Europea no va a permitírselo. De hecho, Bruselas criticó duramente esa reforma del Gobierno del PP porque era demasiado tímida, así que difícilmente va a transigir con una derogación como la que anuncia el Ejecutivo socialpodemita. La ministra Nadia Calviño, representante de facto de las autoridades europeas en el Gobierno de España para imponer una mínima ortodoxia, apenas disimula su escándalo por una operación disparatada que podría acabar con el propio Gobierno a medio plazo.
Por su parte, el bloque chavista de la coalición finge ejercer una oposición dura ante sus colegas socialistas, aunque sabe que, de llevar adelante sus planes, los fondos de la UE quedarían congelados y, con ellos, los numerosos subsidios propagandísticos con los que la ultraizquierda pretende mantener el favor de sus votantes.
Lejos de preocuparse por el bienestar de los trabajadores, la única cuestión de fondo que se dirime realmente y el gran objetivo de Yolanda Díaz es imponer de nuevo la perniciosa "negociación colectiva" y devolver el poder a los sindicatos con un regreso a los retrógrados convenios sectoriales y liquidando el ya muy escaso margen de libertad que la reforma de Báñez dejó a las empresas.
Todo es, por tanto, un circo demagógico en el que PSOE y Podemos maniobran para mejorar a costa del otro en las encuestas, cada vez más negativas para la coalición socialpodemita. En los próximos días veremos a los ministros de uno y otro bando tensar la cuerda, pero guardándose muy bien de romper una coalición que les permite seguir enchufados al presupuesto público junto con centenares de colaboradores.