Que las elecciones se acercan es algo puramente atado al calendario. Que estas elecciones –las municipales y autonómicas de 2011– van a ser una prueba de fuego para el peor PSOE en muchos años, es algo que desde el Gobierno se encargan de recordarnos a diario. La última ocurrencia del ministro Rubalcaba es la creación de un comisariado especial, dependiente exclusivamente de él, que atienda casos de corrupción que afecten a cargos públicos y personas de relevancia política.
La idea, que no por perversa deja de estar bien pensada dentro de la lógica maquiavélica, consiste en que el ministro a través de su hombre de confianza monopolice toda la información y toda la capacidad de actuación procesal relativa a la corrupción dentro de la política. Desde el punto de vista estrictamente jurídico es un disparate con mayúsculas: implicaría que fuesen los fiscales y no los magistrados los encargados de instruir las causas o que la siempre obediente Fiscalía General del Estado sería la única facultada para emprender acciones legales contra todo indicio de delito en el que no existan víctimas con nombres y apellidos.
El Gobierno se quedaría de este modo con la exclusiva procesal y llevaría la iniciativa siempre, ya fuese por acción o por omisión. Teniendo en cuenta que este comisario es un cargo político de confianza, no es muy difícil imaginarse por dónde irán los tiros, las demandas y, sobre todo, las portadas de los periódicos, que, en última instancia, es lo que el Gobierno quiere controlar mediante esta reorganización abiertamente inconstitucional. Como muestra, un botón. El hombre que vendría a ocupar ese cargo de nueva creación, el comisario total al servicio de Rubalcaba, sería Juan Antonio González, un viejo conocido en la prensa tras su aparición estelar en la cacería de Bermejo y sus continuas maniobras durante la operación Gürtel.
De alguien como González sólo cabe esperar que sea, cuando menos, muy "casero" en sus pesquisas. Es decir, que se cebe con los casos que, hipotéticamente, podrían aparecer en el entorno del Partido Popular y silencie los que lo hagan en el del PSOE. Asistiríamos a renovadas entregas de Gürtel y los bochornosos espectáculos televisivos como los que ciertas filtraciones hicieron posible. Del otro lado no habría nada que temer, ya que el comisario sería total pero perfectamente parcial en sus líneas de investigación y sus averiguaciones.
Habida cuenta de la afición que se le ha tomado a hacer desfilar concejales del PP delante de las cámaras debidamente esposados entrando en un coche patrulla, todo lo que podemos pronosticar es que la labor principal de este comisariado será evitar que el caudal de detenciones se seque, o que, al menos, dure hasta pasadas las elecciones del mes de mayo. Estaríamos, por lo tanto, ante lo más parecido a un Estado policial en toda regla. Una situación anómala e indeseable en la que, como ha recordado María Dolores de Cospedal, la policía judicial trabaje al servicio de los intereses del Gobierno.
La amenaza que se cierne sobre las libertades y, especialmente, sobre el principal partido de la oposición es de tal calibre que cualquier movimiento en esa dirección debe de ser denunciado en el acto y en sede parlamentaria a ser posible. Para luchar contra la corrupción política no es necesario un comisario total que filtre información y dirija los esfuerzos judiciales, sino la llana aplicación de una ley que es para todos igual.