Cuando un partido no tiene mayoría suficiente para gobernar resulta forzoso llegar a algún tipo de transacción o acuerdo con alguna formación de la oposición que permita al Ejecutivo sacar adelante la mayor parte de su proyecto. Lo que ha pretendido, sin embargo, el Gobierno de Zapatero con el denominado e inalcanzado Pacto de Zurbano es llegar a un consenso con el mayor número posible de formaciones con el objetivo, no de sacar adelante un plan anti-crisis propiamente dicho, sino más bien de disimular la ausencia del mismo y, sobre todo, blindarse de la crítica haciendo a la oposición corresponsable de la acción del Ejecutivo.
Zapatero convocó, con esa finalidad, a los distintos partidos políticos a los que ofreció un "guión" absolutamente vacío de contenido que provocó la perplejidad y el malestar no sólo del principal partido de la oposición, sino también de las formaciones minoritarias. De hecho, fue el representante de CiU, Duran i Lleida, el que describió de forma más acertada esas reuniones en el Palacio de Zurbano como una "coartada para ganar tiempo". Pese a ello, el Gobierno remitió la semana pasada a las distintas formaciones un documento con 54 medidas contra la crisis que no tenían mayor enjundia que el guión inicial con el se iniciaron las conversaciones, y que, desde luego, no aborda una sola de las reformas estructurales que pide a gritos nuestra economía. La intención del Gobierno era que el resto de partidos firmaran ese documento esta misma semana, pero se ha encontrado con reticencias no ya sólo del PP, sino incluso de las minorías con las que había acordado buena parte de esas medidas.
Ante este descuelgue, el Ejecutivo se plantea ahora la redacción de un documento todavía más genérico, un elemental denominador común, que, al margen de su utilidad para afronta la crisis, le permita al menos hacerse la foto con las fuerzas minoritarias, ganar tiempo y, de paso, acusar al principal partido de la oposición con la absurda y delirante cantinela de "no arrimar el hombro".
Mientras el Gobierno sigue derrochando tiempo en estas maniobras propagandísticas, lo que sigue creciendo, de manera muy justificada, es la preocupación de los españoles por el paro, tal y como muestra el último sondeo del CIS. Precisamente, la ausencia del ministro de Trabajo en la comisión negociadora del Gobierno y, sobre todo, la ausencia de reforma alguna de nuestro rígido mercado laboral en el documento de marras, es una de las características más vergonzosas de este pretendido consenso.
El gobernador del Banco de España, de hecho se ha vuelto a pronunciar recientemente sobre el mercado laboral para volver a reivindicar un abaratamiento del coste del despido a través de un "contrato único" que permita reducir la dualidad entre fijos y temporales de cara a aumentar la productividad. Aunque más le valdría a Fernández Ordóñez dedicarse a poner orden y concierto en el mercado financiero, lo cierto es que las recomendaciones del gobernador, aunque insuficientes, están bien encaminadas. Lo malo es que el Gobierno ha aparcado un asunto tan decisivo como este en la mesa del diálogo social, debido a que los sindicatos no quieren ni oír ni hablar de reforma alguna.
Ahí seguimos, con un Gobierno que no asume sus propias responsabilidades y que pierde un tiempo precioso en pro de un vacío consenso político y social.