A tres días de las elecciones más importantes de la historia reciente, el Tribunal Constitucional ha dado el visto bueno a la infame inmersión lingüística impuesta por los separatistas en Cataluña. Lo ha hecho por medio de una sentencia que resuelve el recurso interpuesto en su día por el PP, el partido que, junto a Ciudadanos (entonces con solo 3 diputados en el Parlamento regional catalán), se opuso a esta norma liberticida impulsada en... 2009 por el Gobierno tripartito de PSC, CiU y ERC.
El Alto Tribunal respalda así la erradicación del español en la escuela catalana, pues queda como mera asignatura marginal de dos horas semanales, y se limita a anular diez artículos de importancia menor al considerar que invaden competencias de carácter estatal.
En contra de lo que dicen los estudios sobre la materia y desdeñando las sentencias del Tribunal Supremo contrarias a la inmersión, los magistrados del TC consideran que la ley educativa de Cataluña, que consagra el catalán como única lengua vehicular de la enseñanza, "asegura el pleno dominio del castellano al final de la enseñanza obligatoria y la obligación de los centros de mejorar su aprendizaje progresivo". De esta forma, el máximo intérprete de la Constitución hace suya la propaganda nacionalista, que afirma con total desvergüenza que dos horas semanales de lengua española en la escuela bastan para que los niños catalanes alcancen un dominio de la lengua común similar –cuando no superior– a los del resto de España.
Los magistrados del TC han acordado que en Cataluña se puede estudiar español, pero no en español, lo que constituye la violación flagrante de un derecho elemental reconocido internacionalmente y una afrenta inconcebible al artículo 3 de la Carta Magna, que estos individuos se supone tienen el deber de proteger.
No es de extrañar que las fuerzas separatistas celebren como una gran victoria esta infamia, que da marchamo legal a su agresión a los derechos cívicos de la mitad de los catalanes y otorga carta blanca a nuevas afrentas hispanófobas.