La tensión de la huelga del sector de los transportistas se ha ampliado a otros sectores económicos perjudicados por la subida del precio del combustible y por la imprevisión del gobierno. En Almería se han registrado 21 heridos de carácter leve en un enfrentamiento entre agricultores y Policía, una situación similar a la vivida en Galicia con los pescadores.
Por su parte, la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha denunciado la imposibilidad de recoger mercancías en fábrica, al tiempo que los supermercados reconocen que tienen problemas para reponer alimentos. Buena parte de la industria del automóvil ha tenido que paralizar la producción en España por la falta de suministros, y se anuncian expedientes de regulación de empleo temporales. Además, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid ha estimado que en una semana habrá problemas de establecimiento si para entonces continúa el paro de transportistas. Para colmo, la Confederación del Taxi en España ha convocado un paro de 24 horas para el viernes, que puede generar un autentico caos en el centro de las ciudades, y que se puede ampliar en los días posteriores si no se alcanza un acuerdo tarifario en el menor tiempo posible.
Mientras tanto el Gobierno parece, por fin, haber entendido que lo que no puede seguir en huelga es el Estado de Derecho, y estaría dispuesto a poner coto a la violencia y a la intimidación con las que los huelguistas paralizan el país y conculcan la libre circulación de personas y de mercancías, lo que vulnera el propio derecho al trabajo de los ciudadanos, incluidos los transportistas que no quieren estar en huelga.
Prueba de la pasividad y tardanza del Gobierno en la salvaguarda de estos derechos tan fundamentales es que una huelga que no ha sido secundada por la principal patronal del sector del transporte ha conseguido, sin embargo, una parálisis y un caos que hasta el Gobierno de Zapatero ya no puede ocultar. Esperemos que asuma sus responsabilidades también en este campo, aunque hasta ahora lo que hemos presenciado es cómo los transportistas en huelga bloqueaban las carreteras tan impunemente como los piqueteros amenazaban a los transportistas que hacían su trabajo, hasta el punto de quemar y pinchar sus camiones. Incluso las recientes, tardías e insuficientes intervenciones policiales han arrojado un saldo de heridos entre los agentes que deja en evidencia el punto de envalentonamiento y brutalidad que los huelguistas habían alcanzado por la pasividad del Gobierno en los días anteriores.
En cuanto a las reclamaciones de los taxistas, no podemos sino estar en contra de una regulación y de unos precios máximos que, ciertamente, pueden imposibilitar a estos profesionales repercutir en el precio de sus servicios la elevación de costes tan esenciales como el del combustible. Ahora bien, esta regulación que por un lado les aprieta, también les confiere un privilegio no menos injusto como es la restricción de nuevas licencias que les evita la incómoda presencia de la libre competencia.
En cualquier caso, y tal y como señalábamos respecto a los transportistas, ninguna reivindicación, por legítima que sea –y no todas lo son–, convierte un derecho de huelga en un derecho al caos y a la violación de libertades como las que se están conculcando ante la pasividad y ceguera del Gobierno, muy similares a las que ha dejado de manifiesto a la hora de afrontar la crisis económica.
El Gobierno y las administraciones públicas, además de hacer uso de la fuerza allí donde lo exijan el imperio de la ley y las libertades ciudadanas, también deben advertir con una retirada de licencias y de permisos de circulación a todos aquellos taxistas y transportistas que pretendan convertir su derecho de huelga en una caótica ley de la selva. Por mucho menos de lo que hemos presenciado estos días en las carreteras y autovías de nuestro país, a muchos ciudadanos los habrían dejado a cero el carné por puntos.