Ya resultó lamentable que el Gobierno aprobara en su día un estado de alarma que no pocos juristas de prestigio calificaron de “estado de excepción encubierto”. Más bochornosa todavía fue su decisión de prorrogarlo durante seis meses de una tacada, decisión clamorosamente inconstitucional por mucho que a estas alturas el Tribunal Constitucional no haya tenido la decencia de pronunciarse al respecto. Aun así, más escandaloso sería ahora prorrogar la vulneración de derechos fundamentales que conllevan los confinamientos, los toques de queda y los cierres perimetrales generales una vez haya concluido –tal y como ha anunciado Pedro Sánchez– el estado de alarma el próximo 9 de mayo.
Y es que, sencillamente, no es posible limitar de manera extensiva y general el derecho fundamental a la libertad de movimiento por el territorio nacional ni prohibir la circulación en determinadas franjas horarias basándose sólo en decisiones gubernamentales, por muy consensuadas que estén entre las distintas autonomías. Para ello es imprescindible que esté activado el artículo 116 de la Constitución, que contempla los estados de alarma, excepción y sitio.
Pese a lo anterior, no faltan representantes autonómicos de todos los partidos –excepto Vox– interesados en prorrogar este demencial estado de cosas una vez haya expirado el estado de alarma, que, aun de forma artera, ha venido amparándolo.
Existen leyes y reglamentos en materia sanitaria y en el ámbito de la lucha contra las enfermedades infecciosas que, con oportunas reformas que los dotaran de mayor claridad y precisión, podrían permitir ciertas restricciones puntuales, sin llegar a los extremos que estamos padeciendo. Este fue de hecho el plan B que Pablo Casado planteó hace casi un año como alternativa al estado de alarma, que, aun así, el PP respaldó o no rechazó. Y, ciertamente, por aquellas fechas en las que todavía no se disponía de material de protección suficiente, en las que no se avistaba todavía la posibilidad de una vacuna y en las que sólo cabía aislarse para evitar el contagio, hubiera sido una alternativa válida.
A estas alturas, en las que no falta ni material de protección ni posibilidad de analíticas y en las que ya hay varias vacunas en circulación, no se trata de encontrar la vía jurídica adecuada para seguir confinando a la ciudadanía y paralizando la vida laboral y cotidiana, sino de inmunizar a la población con la mayor celeridad y seguridad posible. Esta es la batalla que la oposición debería estar librando contra el Gobierno, no la de insistir en confinamientos y restricciones que no solucionarían el problema sanitario, perpeturarían la crisis económica y harían necesario, para cada caso, el aval de los tribunales, si no se quiere incurrir en la mayor de las inseguridades jurídicas.
Pero, en fin, hay políticos que no aciertan ni cuando rectifican.