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EDITORIAL

El Gobierno, a por la banca

Las cláusulas del plan de rescate del Gobierno son suficientemente claras como para perfilar cuáles son las intenciones del mismo: reestructurar el sistema bancario español a gusto del Gobierno para luego nacionalizarlo parcialmente.

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Pese a que la crisis ha venido achacándose al sistema de libre mercado, a la desregulación y a la retirada del Estado de la vida social, lo cierto es que el origen de la misma se encuentra en un sector tan poco "libre" y "desregulado" como es el financiero. Cualquiera que conozca mínimamente las normas y las supervisiones a los que se somete la banca, sabe perfectamente que se encuentran entre las más intervencionistas de la economía.

Ahora bien, no toda intervención se plasma a través de mandatos escritos y públicos. El Estado, como monopolio de la violencia en una sociedad, tiene un enorme poder para presionar a sectores económicos enteros. Muchas veces no hace falta ni que los políticos se dirijan a un empresario en concreto para leerla la cartilla; basta con que éste se preocupe de no molestar a los cargos públicos y se comporte como cree que ellos esperan que lo haga.

En el ámbito bancario, estas fuentes informales de intervención son bastante habituales. Pensemos que estamos hablando de un mundo donde los relativamente pocos empresarios se conocen todos entre sí y donde, para más inri, todos ellos mantienen una fluida y habitual relación con dos importantes instituciones públicas: el banco central (encargado de proporcionar casi diariamente liquidez a los bancos) y el Tesoro (que emplea a los bancos ya sea como colocadores de su deuda o como prestamistas directos).

No es de extrañar, por consiguiente, que política y banca hayan mantenido históricamente una relación demasiado estrecha como para poderla tildar de libre o desregulada. Los empleados y directivos de la banca entran y salen de los gobiernos (Henry Paulson, el anterior secretario del Tesoro de Estados Unidos, llegó a su cargo desde la dirección del banco Goldman Sachs, como también lo hizo Robert Rubin, el secretario del Tesoro de Clinton; en España el caso más reciente y conocido es obviamente el de Miguel Sebastián, director del Servicio de Estadios del BBVA) y los gobiernos intentan en todo momento orientar la estrategia de los bancos, "sugiriendo" a sus accionistas que nombren a directivos afines (como ocurrió en nuestro país con la operación de acoso y derribo de Francisco González) o directamente nombrándolos a dedo (caso de las cajas de ahorro).

Toda esta camaradería tan poco competitiva y libre –ya que las barreras legales de entrada al sector son muy elevadas– se vino produciendo sin interrupción desde antes de que estallara la crisis actual, pese a lo cual la izquierda no ha dejado de vender la imagen de una cada vez mayor desregulación de los mercados. Sin embargo, la situación de alarmismo generada por el casi completo colapso financiero que se produjo en septiembre del año pasado, ha dado alas a los Estados para iniciar el asalto definitivo sobre la banca.

Las decisiones políticas que se han tomado desde septiembre de 2008 han sido todo un ejemplo de abuso de poder, arbitrariedad gubernamental y derroche de miles de millones de euros. Por muy necesarios que pudieran ser ciertos rescates a la banca, no deberían haber servido como plataforma para la expansión del poder del Estado y el manejo político de los ahorros de centenares de millones de ciudadanos.

Este exagerado dirigismo prácticamente no ha conocido excepciones a ambos lados del Atlático. Ayer supimos con certeza que la Reserva Federal obligó en septiembre a Bank of America a adquirir al banco de inversión Merrill Lynch so pena de no poder participar en el inminente plan de rescate público. Dicho de otra manera, Bernanke no sólo obligó a los accionistas y depositantes de Bank of America a que soportaran el riesgo y las pérdidas de Merrill Lynch, sino que hizo gala de un comportamiento totalmente errático, contradictorio y arbitrario al dejar quebrar a Lehman Brothers el mismo día en que se consumó la anterior transacción. ¿Por qué Merrill Lynch bien valía una ofensiva contra Bank of America y en cambio Lehman Brothers –por quien también mostró su interés esta última entidad– no? Tras el descubrimiento de los emails de la Fed hemos comprobado que las fusiones de bancos en Estados Unidos se guiaron por criterios puramente políticos y no económicos. ¿Desde cuándo esto es un ejemplo de libre mercado?

Y como parece que en España sólo somos capaces de importar lo malo de Estados Unidos, este modelo dirigista es el que ha inspirado al Gobierno de Zapatero a la hora de crear el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Después de que se nos hablara por activa y por pasiva de que contábamos con el sistema financiero más sólido del mundo, el Ejecutivo ha tenido que constituir un fondo dotado con 90.000 millones de euros para proporcionar financiación a bancos y cajas.

Sus cláusulas son lo suficientemente claras –el Gobierno podrá sustituir a los administradores y decidir sobre los procesos de fusión de las entidades y convertirá en acciones los fondos que bancos y cajas no devuelvan antes de siete años– como para perfilar cuáles son sus intenciones: reestructurar el sistema bancario español a gusto del Gobierno para luego nacionalizarlo total o parcialmente.

Si el intervencionismo estatal en sus distintas formas –desde las expansiones de crédito del banco central hasta los préstamos teledirigidos de los bancos por parte de los políticos– ha sido una de las causas más importantes de esta crisis, no parece que la solución vaya a consistir en incrementarlo aún más. Estos planes de rescate diseñados a la medida de los burócratas no nos harán ni más prósperos ni más libres, sino todo lo contrario: más pobres y, especialmente, más sumisos.


 

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