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EDITORIAL

El Gobierno consiente el fanatismo antirreligioso

La connivencia del gobierno socialista ha hecho que la responsable gubernativa del orden público en Madrid prefiera actuar con el sectarismo típico del socialismo de Zapatero en lugar de cumplir con el cometido por el cual le pagamos su sueldo.

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La marcha convocada en contra de la visita del Papa por parte de asociaciones contrarias a la religión –la cristiana; no las demás– hubiera pasado desapercibida, como responde al carácter marginal de los convocantes, si no hubiera sido porque la delegación del Gobierno del Madrid actúo de forma gravemente dolosa autorizando un recorrido coincidente con los lugares con mayor presencia de asistentes a la Jornada Mundial de la Juventud que está teniendo lugar en la capital de España.

Si la delegada del Gobierno hubiera cumplido con su obligación, los manifestantes contrarios a la presencia del Papa en España hubieran ejercido su derecho en otro lugar sin peligro de que se produjeran los graves altercados ocurridos este miércoles. Sin embargo, la connivencia del Gobierno socialista con los grupos más agresivos en contra de la Iglesia ha hecho que la responsable gubernativa del orden público en Madrid prefiera actuar con el sectarismo propio del socialismo de Zapatero en lugar de cumplir con el cometido por el cual le pagamos su sueldo.

El incivismo, la intolerancia y la facilidad para cometer acciones delictivas en contra de los que no comulgan con sus ideas son las características que definen a estos grupos radicales, como hemos tenido ocasión de comprobar a lo largo de estos últimos meses desde que eclosionó el llamado movimiento del 15-M. Estas actitudes son habituales entre los sectores de la izquierda más extrema, pero sus ataques reiterados a los derechos cívicos del resto de ciudadanos se hubieran visto paliados en gran medida si los responsables de garantizar el ejercicio de esos derechos hubieran hecho honor a la función que tienen en comendada.

Sin embargo, en España existe carta blanca para que estas facciones campen a sus anchas y, llegado el caso, apaleen a los que no siguen sus postulados, sencillamente porque el Gobierno no sólo comparte esas ideas profundamente antidemocráticas basadas en la discriminación social del discrepante, sino que, además, con su acción política las ha fomentado a lo largo de los últimos años sin el menor pudor.

Lo sucedido en los aledaños de la Puerta del Sol de Madrid, con agresiones físicas a los participantes en la JMJ ante la pasividad impuesta a las fuerzas del orden público, no sólo certifica el carácter violento y antidemocrático de unos grupos incapaces de aceptar que otros ejerciten el derecho a hacer abierta profesión de su fe, sino también, y esto es lo preocupante, la tolerancia culpable de un Gobierno socialista que prefiere alienarse junto a los que vulneran las libertades antes que proteger el pacífico disfrute de esos mismos derechos por todos los ciudadanos.


 

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